“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que ocho integrantes de este Alto Tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para siete ministros a partir del 31 de agosto de 2025, como se estableció en la Reforma Judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación”, apuntó el Máximo Tribunal en un comunicado.
“Al mismo tiempo informan su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros prevista para junio de 2025”, puntualizó.
Quienes presentaron su renuncia ante el Senado de la República son: la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales (quien concluye su periodo como ministro este 30 de noviembre), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.
En las cartas dirigidas al Senado, los ministros decidieron no participar en la próxima elección de integrantes del Poder Judicial.
La reforma judicial, publicada el 15 de septiembre, establece que los ministros que no se postulen o no resulten electos perderán el derecho a una pensión de retiro, a menos que presenten su renuncia antes del cierre de la convocatoria, lo cual les permitirá recibir una pensión proporcional al tiempo trabajado, con plazo máximo al 31 de agosto de 2024.
El proceso electoral que marcará un cambio histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene lugar en medio de debates sobre la independencia judicial y la transparencia en los beneficios económicos para los altos funcionarios del Poder Judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de resolución que busca invalidar parte de la reforma al Poder Judicial.
El proyecto de resolución que será discutido en el Pleno de la Corte es resultado de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), en oposición a la reforma judicial impulsada por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto de González Alcántara Carrancá plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.
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