La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, por un presunto desfalco de 186 millones de pesos y el cobro de moches por hasta 2.5 millones de pesos.
Según la auditoría forense 117-DS, las irregularidades datan de hace cinco años e incluyen procedimientos de licitación amañados, cobros indebidos a nombre de Guevara y anomalías en apoyos para atletas de alto rendimiento. La Conade no ha podido solventar las observaciones, por lo que el caso ya fue turnado a la FGR.
El origen de las denuncias se remonta a la Cuenta Pública 2019, el primer año de la exvelocista al frente del deporte mexicano. En 2020, durante la revisión de la ASF, el caso ya había estallado públicamente.
Extorsión y moches
En mayo de 2020, los dueños de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (Cimcsa) denunciaron a Ana Gabriela Guevara por extorsión. Meses después, los empresarios Rafael N. y Jesús N. fueron detenidos por un presunto delito de desaparición forzada, mientras la ASF realizaba su auditoría sobre contratos de alimentación para atletas de alto rendimiento, en los que se detectaron anomalías.
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De acuerdo con testimonios recabados por la ASF, los empresarios fueron presionados para pagar un moche del 15% del monto del contrato, además de 150 mil pesos iniciales para la adjudicación. También señalaron que el trato se pactó en un hotel de la Ciudad de México en 2019, donde entregaron documentación de tres empresas para simular competencia en el proceso de licitación.
Ese mismo año fue detenida Armida Ramírez, exalcaldesa de Xalapa, señalada de haber enviado a Edgar N. a cobrar el moche de 2.5 millones de pesos a las oficinas de Cimcsa. Edgar N. fue visto por última vez en 2019 en dichas oficinas.
Irregularidades reiteradas
No es la primera vez que la ASF denuncia irregularidades en la gestión de Guevara. En 2023, presentó otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por observaciones en la Cuenta Pública 2020, derivadas de la auditoría forense 143-DS, en la que se detectaron 205.2 millones de pesos sin aclarar.
Entre los hallazgos se documentó un probable daño a la Hacienda Pública por 77.5 millones de pesos, destinados a 428 personas que recibieron apoyos como entrenadores sin comprobar pertenecer al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).
De esa cifra, 40.4 millones se entregaron a 222 beneficiarios que no acreditaron tener formación ni experiencia en entrenamiento deportivo.
(WCLS)
