La Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una ficha de recompensa para localizar a Jaime Pascual Hernández Toral, creador de contenido conocido por sus videos junto a “Doña Lety”.
El influencer es buscado por su presunta participación en el delito de trata de personas, y las autoridades ofrecen 350 mil pesos a quien proporcione información útil que lleve a su captura.
La recompensa será entregada a quien aporte datos veraces, oportunos y comprobables que faciliten la localización, detención o aprehensión del señalado.
Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo de forma confidencial a través de los siguientes canales:
- Fiscalía General del Estado: Circuito Guízar y Valencia #707, Colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz
- Teléfono: 800-89-00-663
- Correo electrónico: [email protected]
¿Quién es Jaime Toral y qué ocurrió con “Doña Lety”?
Jaime Toral alcanzó notoriedad en redes sociales por los videos que compartía junto a “Doña Lety”, una mujer mayor que aparecía en condiciones precarias de salud y recursos. Los clips, que acumulaban millones de visualizaciones, mostraban escenas emotivas que generaban empatía entre los usuarios.
Sin embargo, en septiembre de 2024, el caso dio un giro dramático cuando se reveló que “Doña Lety” habría sido privada de su libertad por el propio influencer. De acuerdo con los reportes oficiales, Jaime Toral presuntamente se aprovechó de la vulnerabilidad de la mujer para generar contenido y obtener beneficios económicos, manteniéndola encerrada en una vivienda en Tantoyuca, Veracruz.
La mujer logró escapar y pedir ayuda a un vecino, lo que permitió su rescate por elementos de la Guardia Nacional. En su testimonio, “Doña Lety” declaró: “Yo me siento muy mal, mijo… Estuve encerrada mucho tiempo sin comer ni tomar agua, sufrí mucho”, lo que conmovió profundamente a quienes seguían su historia en redes sociales.
Posibles consecuencias legales para Jaime Toral
El delito de trata de personas está tipificado en el Código Penal Federal y puede implicar penas de 15 a 30 años de prisión, además de multas económicas y la reparación integral del daño. Si se comprueba que hubo privación de la libertad con fines de explotación, las sanciones podrían agravarse.
