Comunidades y expertos de la sociedad civil mexicana presentaron este martes un contundente informe de observación, denunciando graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades y el irreversible impacto y daño medioambiental provocado por la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, en el sureste de México.
La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), documentó «profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación de los derechos humanos en la región».
En la conferencia celebrada en el centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en Ciudad de México, María Hernández, del Colectivo Vida, denunció “estrategias de división desde el Estado para dividir las comunidades y romper el tejido comunitario”, a través de diferentes actores, incluidos líderes religiosos y figuras públicas como el actual presidente de la Corte Suprema mexicana, Hugo Aguilar, descrito como afín al Gobierno y antiguo abogado de las comunidades de la región.
A esta situación se suma un marcado aumento de la violencia desde 2020, que incluye ejecuciones, asesinatos y desapariciones de jóvenes, niños, hombres y trabajadores del tren.
Los observadores enfatizaron que la vida en las comunidades se ha visto «radicalmente alterada por la presencia militar» que custodia la zona, lo que ha coincidido con un incremento en el tráfico de drogas y la trata de personas.
Según reportan, en la construcción de esta vía en los tramos 5, 6 y 7 se contabiliza «la pérdida de al menos 20 millones de árboles» provocando la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y el hábitat del jaguar y de fauna protegida.
El informe confirmó la afectación de cerca de 130 cenotes y cavernas, las cuales han sido perforadas, rellenadas o destruidas para la obra.
Además, se constató «la instalación de aproximadamente 15.000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero», lo que está causando la contaminación del segundo sistema más importante de México y un «daño inconmensurable», tal como afirmó el investigador Guillermo D’Chisty.
La investigadora antropológica Giovana Gasparelo afirmó que «el proyecto del Tren Maya jamás fue un proyecto ferroviario, en realidad es un proyecto de reordenamiento territorial».
Explicó que el verdadero objetivo no es el transporte, lo cual se refleja en la existencia de estaciones vacías debido a la gran distancia entre los núcleos poblacionales y las paradas del tren.
“El Tren Maya es un capricho político. Nunca se diseñó como una opción de comunicación o de desarrollo, como nos lo quisieron vender (…). Es un tren sin destino, es un tren que va directo hacia la muerte”, exclamó D’Chisty.
En materia jurídica, se señaló que el proceso de consulta realizado a finales de 2019 violó los estándares internacionales, pues no fue un proceso previo ni libre. Además, se denunció que el proyecto avanzó sin contar con los permisos ambientales necesarios, segmentando los estudios para ocultar los verdaderos impactos de esta deficitaria obra.
Francesco Martone, en juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, recordó que el tribunal dictaminó en 2023 que el Tren Maya era un proyecto «etnocida y ecocida», exigiendo al Estado mexicano la suspensión inmediata de la obra, la desmilitarización de los territorios y la reparación integral de los ecosistemas dañados.
Finalmente, los participantes reiteraron su preocupación de que otros megaproyectos en curso, como el Corredor del Atlántico o la conexión ferroviaria de México con Panamá, podrían generar efectos igualmente perjudiciales para el medioambiente y las comunidades.
El Tren Maya fue un proyecto prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con una construcción de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La obra ha sido criticada por ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región.
