La dirigencia estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado oficial, el 5 de febrero de 2026, respecto a la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, quien fue aprehendido por autoridades federales junto con tres funcionarios de su Administración, en el marco de la Operación Enjambre.
“Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley”, señaló el Comité Ejecutivo Estatal del partido.
El partido afirmó que será “siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades” y que “la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”.
Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y se vincula a denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión contra empresas tequileras de la región. La detención se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El edil morenista llegó al cargo hace 14 meses con promesas de transparencia y cercanía ciudadana. Sin embargo, su administración acumuló múltiples denuncias penales por extorsión, apropiación indebida de patrimonio cultural, violencia política de género y amenazas de muerte.
En diciembre de 2025, la empresa José Cuervo -la productora de tequila más grande del mundo- presentó una denuncia formal por extorsión contra Rivera Navarro y funcionarios municipales. La compañía señaló que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal de predial y licencias ascendía a alrededor de un millón de pesos anuales.
“Tequila Cuervo es la productora de tequila más grande del mundo, y trató de clausurarla con argumentos completamente inválidos”, declaró Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. Según el Gobierno estatal, al menos 10 empresas tequileras más reportaron haber sido víctimas del mismo modus operandi.
El primer escándalo de Rivera Navarro estalló en marzo de 2025, cuando se documentó que cerró el Museo Nacional del Tequila (MUNAT) sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para convertirlo en su residencia personal y oficinas del Ayuntamiento. El edil realizó modificaciones al inmueble patrimonial -incluyendo la presunta construcción de un departamento en el auditorio- sin permiso federal, lo que constituye un delito. En junio de 2025, la FGR intervino y aseguró el recinto.
Tres regidoras del Ayuntamiento -dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de Morena- presentaron denuncias por acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones. Luz Elena Aguirre, regidora morenista, denunció que tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le cortó el servicio de agua y comenzó a sufrir hostigamiento en la recolección de basura.
Otra regidora, Karina Romero, señaló que un familiar suyo recibió mensajes con amenazas directas donde le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”.
Rivera Navarro utilizó sus redes sociales para afirmar que los señalamientos son “orquestados por adversarios” y que se trata de “un tema más político que nada”. Presentó resoluciones del Tribunal Electoral que declaran “inexistente” la violencia política de género en su contra, aunque las denunciantes buscan escalar el conflicto a la vía penal.
