El Gobierno de México enviará este martes al Senado un “plan B” de reforma electoral enfocado en reducir privilegios, ajustar el gasto público y ampliar mecanismos de participación ciudadana, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La iniciativa surge después de que la reforma constitucional impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria.
Rodríguez explicó que la nueva propuesta mantiene el eje central del proyecto original.
“La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública”, afirmó.
Añadió que el objetivo es aplicar la política de austeridad en el sistema electoral.
“Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación (modelo político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, dijo.
Entre las medidas planteadas destacó límites a los salarios de funcionarios electorales.
“Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta”, subrayó.
El plan también contempla ajustes en los gobiernos locales, como la reducción del número de regidores en los municipios.
“En el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15”, explicó Rodríguez, al apuntar que los ahorros generados se destinarán a obras públicas.
Además, la propuesta incluye cambios en la fiscalización electoral, como el uso de tecnología y convenios con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos de campañas.
Por su parte, Sheinbaum defendió la necesidad de insistir en la reducción del gasto electoral “es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, afirmó, a la vez que indicó que el proyecto busca corregir excesos en gobiernos locales, además de ajustar el número de representantes según la población.
El Ejecutivo confía en que esta nueva iniciativa avance en el Congreso, pese al rechazo previo, al centrarse en cambios legales que no requieren modificar la Constitución.
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