Hoy, en la conferencia matutina del Gobierno de México, no se trató de un anuncio más, sino de una señal política clara hacia dentro y hacia fuera del país. La presidenta Claudia Sheinbaum se hizo acompañar de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para presentar una iniciativa de alcance nacional que redefine la manera en que el Estado mexicano enfrenta la violencia contra las mujeres: a partir de ahora, toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio, de oficio y desde el primer momento. Sin pretextos, sin dilaciones y sin margen para la omisión.
La propuesta no surge en el vacío. Forma parte de una agenda que se ha venido consolidando desde el pasado 8 de marzo y que ha buscado colocar a las mujeres en el centro de la vida pública y del discurso institucional. La reivindicación de Margarita Maza como figura histórica, la traducción de cartillas contra la violencia en 67 lenguas indígenas presentada en Tehuantepec, Oaxaca, y el fortalecimiento de la política pública encabezada por la Secretaría de las Mujeres son señales de una ruta que hoy encuentra un punto de inflexión. No se trata únicamente de visibilizar, sino de transformar estructuras.
El cambio que plantea la iniciativa es profundo porque modifica el punto de partida. Durante años, múltiples casos fueron clasificados como homicidio desde el inicio, lo que derivó en pérdida de evidencia, investigaciones deficientes y, en muchos casos, impunidad. Con esta reforma, el Estado invierte la lógica: toda muerte violenta de una mujer se investigará bajo la hipótesis de feminicidio, obligando al Ministerio Público a actuar de inmediato, aplicar protocolos especializados, coordinarse a nivel nacional y garantizar que cada caso sea tratado con perspectiva de género desde el primer momento.
La iniciativa también endurece las consecuencias. Se contemplan penas de hasta 70 años de prisión, más de veinte agravantes que incrementan la sanción, castigo incluso en grado de tentativa y la eliminación de beneficios como amnistías o reducciones de pena. Además, el delito se vuelve imprescriptible y el agresor pierde derechos fundamentales como la patria potestad y los derechos sucesorios. Se trata de un mensaje jurídico contundente: frente a la violencia feminicida no habrá concesiones.
Pero el alcance de la propuesta no se limita al castigo. Coloca en el centro a las víctimas y a sus familias, garantizando acceso a la verdad y a la justicia, atención médica y psicológica inmediata, asistencia jurídica gratuita, protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, así como servicios de traducción e interpretación que permitan que la justicia sea accesible para todas, sin importar su origen o lengua. La reparación del daño deja de ser una formalidad y se plantea como una obligación transformadora del Estado.
La presencia de la fiscal general en este anuncio no es un dato menor. Desde su nombramiento, Ernestina Godoy había mantenido un perfil institucional en la conferencia matutina; su participación hoy envía una señal de coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, así como de la intención de que esta reforma no quede en el discurso, sino que se traduzca en acción concreta. La justicia para las mujeres se coloca así como una prioridad de Estado.
Más allá del contenido legal, la iniciativa marca un cambio de paradigma. Durante años, la violencia contra las mujeres fue normalizada, minimizada o mal investigada. Hoy, el Estado mexicano envía un mensaje distinto: la vida de las mujeres no es negociable, no es clasificable a conveniencia y no puede quedar sujeta a interpretaciones que abran la puerta a la impunidad. Para quienes han acompañado causas, alzado la voz y defendido los derechos de las mujeres desde distintos espacios, este paso representa un avance significativo. Falta camino por recorrer, pero el país comienza a redefinir las reglas.
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