En una jornada legislativa que se extendió desde ayer hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados dio cauce a una serie de minutas clave que perfilan cambios constitucionales, laborales, de derechos humanos y de protección de datos en el país.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó la recepción de siete minutas enviadas por el Senado, destacando la reforma constitucional en materia electoral que ya fue turnada a comisiones para su análisis.
Entre los puntos más relevantes, se plantea que los ayuntamientos se integren bajo criterios obligatorios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, marcando una ruta clara hacia una representación más equitativa en el ámbito municipal. Además, se establece un límite al presupuesto de los congresos locales y se prohíbe la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales, en un intento por redefinir el equilibrio del poder político en las entidades.
En el mismo paquete, se incluyen medidas de austeridad para autoridades electorales, limitando sus remuneraciones y eliminando privilegios como seguros privados y esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
Pero la agenda no se limitó al terreno electoral.
En materia laboral, se avanzó en la prohibición de prácticas discriminatorias en procesos de contratación y en el uso indebido de datos personales sensibles, cerrando la puerta a mecanismos que condicionen el acceso al empleo.
También se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en la atención a mexicanos repatriados, estableciendo una coordinación más estructurada con instancias internacionales para garantizar procesos dignos, seguros y con respeto a los derechos humanos.
En el ámbito de protección de datos, se endurecen los criterios de consentimiento, estableciendo que este deberá ser inequívoco, libre e informado, elevando el estándar de protección para las y los ciudadanos frente al manejo de su información personal.
Otro de los ejes relevantes fue la atención a la violencia laboral contra las mujeres, donde se plantea la capacitación obligatoria de servidores públicos en la identificación, prevención y erradicación de estas conductas, incorporando enfoques de derechos humanos e interculturalidad.
Asimismo, se impulsa la protección del interés superior de la niñez al prohibir el uso comercial de la imagen y datos personales de menores sin autorización expresa, reforzando su resguardo en entornos educativos y digitales.
En materia cultural, se dio paso a la creación de un Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, que busca reconocer y salvaguardar las expresiones vivas de las comunidades en todo el país, desde lenguas hasta tradiciones y oficios.
Finalmente, se avanzó en la política de integridad empresarial al contemplar la figura del Oficial de Cumplimiento dentro de las organizaciones, alineando al sector privado con estándares internacionales en materia de transparencia.
En el fondo, más allá del discurso técnico, lo que se mueve en San Lázaro es una reconfiguración del poder: reglas electorales más controladas, límites presupuestales que redefinen contrapesos. El rediseño del sistema ya está en marcha… y no todos están cómodos con la dirección que está tomando el país.
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Grace Bravata (FOH)
