A nivel global, los sistemas financieros están atravesando una transformación profunda en la forma en que enfrentan los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, ha puesto en consulta una de las reformas más ambiciosas en décadas al marco del Bank Secrecy Act, con el objetivo de transitar de un modelo centrado en el cumplimiento formal hacia uno enfocado en la efectividad real de los programas de prevención.
Este cambio implica dejar atrás una lógica de “checklist” regulatorio para avanzar hacia esquemas donde lo relevante no es únicamente cumplir sino sino ser más efectivos en la práctica. Bajo este enfoque, las instituciones norteamericanas deberán concentrar sus recursos en los riesgos más relevantes, priorizando clientes, productos y geografías con mayor exposición, en lugar de dispersar esfuerzos en actividades de bajo riesgo.
La propuesta también reconoce que las propias instituciones están en mejor posición para identificar y gestionar sus riesgos, lo que implica mayor poder para el sector privado sí, pero también más responsabilidad y sofisticación técnica.
Este rediseño regulatorio implica una evolución trascendental en la lógica supervisora: las acciones de las autoridades se orientarían principalmente a fallas significativas o sistémicas, evitando sanciones desproporcionadas por incumplimientos técnicos que no comprometen la efectividad del sistema. En suma, se trata de una recalibración que busca alinear mejor los incentivos entre autoridades y sector financiero.
Esta propuesta del Tesoro de Estados Unidos, que por cierto está alineada con las recomendaciones de GAFI, se conecta perfecto con la discusión que se ha dado en México en las últimas semanas, me refiero a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin orden judicial. Más allá de interpretaciones aisladas, esta medida debe entenderse como parte de una tendencia global en la que las naciones están fortalecimiento sus capacidades preventivas frente a riesgos cada vez más complejos y transnacionales. No obstante, como en cualquier herramienta de política pública, también es importante reconocer que su implementación debe ir acompañada de certeza jurídica, transparencia y mecanismos claros de defensa para los usuarios del sistema financiero.
Pero sobre todo, plantea un reto hacia adelante: la necesaria evolución del propio marco regulatorio. Así como se fortalecen las capacidades de la UIF, es obligatorio transitar hacia esquemas que privilegien la efectividad sobre el cumplimiento meramente formal, otorgando a las instituciones financieras mexicanas mayor capacidad para evaluar y gestionar sus riesgos, pero también exigiendo un nivel más alto de responsabilidad, criterio técnico y rendición de cuentas. En otras palabras, construir un modelo donde la supervisión, la regulación y la operación converjan en un mismo objetivo, la integridad del sistema financiero.
Para las instituciones financieras que forman parte de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), el mensaje es claro: la prevención de operaciones ilícitas ya no puede abordarse desde una lógica reactiva o meramente normativa. Se requiere evolucionar hacia modelos más inteligentes, basados en análisis de riesgo robustos, uso intensivo de tecnología y mayor capacidad de anticipación.
En otras palabras, el cumplimiento deja de ser un área de soporte para convertirse en un elemento estratégico; donde la capacidad de una institución para gestionar adecuadamente sus riesgos impacta directamente en su reputación, su sostenibilidad y su acceso a mercados. Si los riesgos son cada vez más complejos, la respuesta no es más regulación, sino mejor regulación.
POR: Soraya Pérez
