La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este lunes que investiga posibles irregularidades en la actuación de autoridades estatales y militares durante el operativo en Chihuahua (norte del país) en el que fue localizado un megalaboratorio de drogas sintéticas, un caso que aumentó las tensiones con EE.UU. tras la muerte de presuntos agentes de la CIA.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó en un mensaje a medios que, además de las indagatorias por la operación del laboratorio, también se investigan posibles delitos relacionados con «ejercicio ilícito de atribuciones» y «seguridad nacional»
Detalló que han sido entrevistados agentes de la Fiscalía de Chihuahua y militares de la Defensa Nacional que presuntamente participaron en tareas de seguridad perimetral tras el hallazgo del laboratorio clandestino.
En ese sentido, indicó que la FGR busca «verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo» y si el operativo «se llevó de manera adecuada».
El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.
El caso ha escalado políticamente en México luego de versiones sobre una supuesta participación de la CIA estadounidense en las investigaciones y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el gobierno opositor del estado de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos.
La polémica creció después de que el Gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.
El laboratorio clandestino, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, fue descrito por las autoridades como uno de los mayores complejos de producción de drogas sintéticas detectados recientemente en el país, con miles de litros de precursores químicos y equipo especializado para fabricar narcóticos.
El caso ocurre en medio de crecientes presiones de Estados Unidos para que México refuerce el combate contra la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas operadas por carteles mexicanos.
También coincide con el aumento de la presión estadounidense en el Gobierno de Sinaloa (noreste), luego de acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, un caso en el que el Gobierno federal ha insistido la falta de pruebas de EE.UU.
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