Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- A partir de este miércoles entraron en vigor tres reformas constitucionales aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso de la Unión, luego de ser avaladas por la mayoría calificada del Poder Legislativo y por 25 congresos estatales.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los cambios buscan fortalecer los procesos democráticos, blindar las candidaturas frente a posibles vínculos con actividades ilícitas y reforzar la soberanía electoral del país.
Uno de los cambios más relevantes establece que la próxima elección judicial ya no se realizará en 2027, sino el 4 de junio de 2028. La modificación busca evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año, permitiendo a la ciudadanía conocer con mayor claridad a quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial.
La reforma también contempla una reducción en el número de candidaturas, la simplificación de las boletas electorales, la homologación de los criterios de evaluación para aspirantes y la aplicación de exámenes de conocimientos. Además, se prevé que las elecciones judiciales se desarrollen en las mismas casillas que las elecciones ordinarias y que el conteo de votos se realice en el lugar donde fueron emitidos.
Otro de los cambios constitucionales crea un mecanismo para que los partidos políticos puedan solicitar de manera voluntaria información sobre posibles riesgos relacionados con candidaturas, mediante un intercambio institucional entre autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y el Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con la explicación presentada, el INE fungirá únicamente como enlace entre las instituciones y los partidos políticos, sin facultades para investigar, emitir juicios o cancelar registros de candidaturas.
La tercera reforma incorpora como causal de nulidad de elecciones federales y locales la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales. Aunque la prohibición ya existía en la Constitución, ahora se establece expresamente la posibilidad de invalidar una elección cuando las autoridades electorales acrediten este tipo de conductas.
Luisa María Alcalde señaló que corresponderá a las leyes secundarias definir los criterios, estándares de prueba y procedimientos para la aplicación de esta nueva disposición, trabajo legislativo que deberá concluir en un plazo máximo de 90 días.
Con estas reformas, el Gobierno federal sostiene que se busca fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales, mejorar la organización de la elección judicial y reforzar la protección de la soberanía democrática del país.
Graciela Bravata
