La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que Estados Unidos no ha entregado pruebas de vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvo que no se debe acusar a nadie sin evidencias, en medio de la incertidumbre sobre el futuro político del mandatario estatal.
«No, ninguna», respondió la mandataria al ser cuestionada sobre si las autoridades estadounidenses han compartido pruebas relacionadas con las acusaciones que motivaron la solicitud de detención de Rocha Moya, quien se ha separado temporalmente del puesto.
La gobernante mexicana evitó pronunciarse sobre un eventual regreso del gobernador a su cargo y llamó a esperar el desarrollo de las investigaciones.
«Vamos a esperar, no nos adelantemos», afirmó.
Sheinbaum subrayó que su Gobierno no protegerá a ninguna persona que enfrente acusaciones fundadas, pero tampoco respaldará señalamientos sin sustento.
«Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas», declaró.
Respecto a la situación jurídica y política de Rocha Moya, indicó que, según la información de la que dispone, la legislación de Sinaloa no establece un plazo específico para que el mandatario con licencia temporal defina su situación.
«Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del Gobierno de Sinaloa y pues tendrá él que tomar sus propias decisiones», comentó.
La mandataria también reveló que solo ha hablado una vez con Rocha Moya desde que se conoció la solicitud presentada por autoridades estadounidenses y que esa conversación ocurrió el mismo día en que estalló la controversia.
«Personalmente, no he hablado con él. Hablé el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él», explicó.
Al ser interrogada sobre el contenido de ese intercambio, Sheinbaum señaló que le recomendó al gobernador pronunciarse públicamente.
«Yo le dije: ‘Sería muy bueno que salieras a hablar’. En aquel momento, el día que salió, y él sale con una publicación en sus redes sociales», relató.
El Departamento de Justicia estadounidense provocó en abril un terremoto político en México al pedir la detención urgente con fines de extradición de diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por su presunta colaboración con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos y favores políticos.
Dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses, mientras el resto permanece en el país latinoamericano para defender su inocencia en un caso que aumentó las tensiones bilaterales con Washington.
El Gobierno federal subraya que, por el momento, no va a detener a los políticos señalados al argumentar que EE.UU. no ha enviado las pruebas que justifiquen esta medida.
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