La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que asumirá la investigación por el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el miércoles en el estado de Oaxaca, en un caso que elevó a siete los homicidios a comunicadores en México en lo que va de 2026.
En un comunicado, la institución señaló que, con base en las facultades que le otorga la ley, será la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) la encargada de realizar las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
\»La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco \’N\’ acontecida en dicha entidad\», indicó.
El periodista fue asesinado este miércoles en una agresión armada; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el crimen y solicitó a la fiscalía estatal agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.
Asimismo, el mandatario estatal pidió establecer coordinación con la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio ni sobre personas detenidas. Medios locales reportaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar cuando se encontraba en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, originario de Oaxaca, fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y actualmente publicaba la columna digital El Zumbido del Moscardón, desde la que abordaba temas políticos y de interés público.
Con este homicidio, ya son siete los periodistas asesinados en México durante 2026, de acuerdo con el recuento de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF).
RSF mantiene a México como el país más letal del continente americano para ejercer el periodismo desde hace al menos 15 años, debido a los altos niveles de violencia e impunidad en los delitos cometidos contra comunicadores.
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