El Gobierno federal presentó este viernes en la mañanera un decreto para impedir que niñas, niños y adolescentes sean expuestos a contenidos que promuevan violencia en internet. La medida establece obligaciones para las plataformas digitales, desde retirar cuentas y publicaciones hasta colaborar con las autoridades cuando se detecten riesgos para la vida.
El anuncio llega en medio de la polémica por las reformas conocidas como “ley antimemes”, que han provocado señalamientos sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. Se trata de disposiciones distintas: el decreto presentado este 9 de octubre está dirigido a proteger a menores, mientras que la controversia anterior corresponde a modificaciones en materia de propiedad industrial y al Código Penal Federal.
La propuesta prohíbe que las plataformas permitan el acceso, la exposición o la recomendación a menores de imágenes, videos y contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual.
También incluye publicaciones que fomenten suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying y conductas ilícitas, además de material sexual explícito.
Las empresas deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan cualquier forma de violencia. Asimismo, tendrán que clasificar las publicaciones por edad, ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, y facilitar mecanismos para reportar usuarios o materiales violentos.
La privacidad y la seguridad deberán estar activadas desde el inicio, con la configuración más protectora para niñas, niños y adolescentes. Estas obligaciones abarcan servicios de internet que permitan la interacción, comunicación, creación o difusión de contenidos entre usuarios.
Otro punto establece que las plataformas deberán contar con un contacto disponible las 24 horas, todos los días, para responder a requerimientos de las autoridades investigadoras. También se contempla preservar y entregar evidencia e información, así como emitir alertas inmediatas cuando se identifique contenido que atente contra la vida.
En prevención, se ofrecerá orientación y apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000, para menores y sus familias. El programa ABC de las Emociones difundirá información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales.
La Consejería Jurídica deberá instalar una mesa de trabajo para elaborar propuestas de regulación que fortalezcan la protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales.
La discusión sobre estas medidas ocurre mientras continúa el debate por la llamada “ley antimemes”. Los cuestionamientos se han concentrado en las sanciones por reproducir o imitar, a escala comercial, la identidad gráfica, los dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas para inducir al engaño y cometer un ilícito. La oposición ha advertido que su aplicación podría afectar la sátira y la crítica política.
Claudia Sheinbaum ha rechazado que esas reformas prohíban los memes y sostiene que buscan combatir la piratería y evitar fraudes cometidos con imágenes del Gobierno.
El documento presentado este viernes detalla las responsabilidades que se buscan imponer a las plataformas para proteger a menores, pero no precisa las sanciones por incumplimiento ni los mecanismos para impugnar el retiro de contenidos.
Graciela Bravata
