La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco explicar la actuación policial y dar a conocer los nombres de las personas detenidas durante la manifestación por agua limpia realizada el domingo en Guadalajara. Ofreció colaboración federal para atender la contaminación del suministro, pero rechazó esquemas que impliquen privatizar el servicio.
A pregunta expresa durante la mañanera de este lunes, la mandataria señaló que corresponde a las autoridades estatales informar por qué se tomaron esas decisiones y esclarecer la situación de quienes quedaron bajo custodia.
“No estamos de acuerdo con la represión”, afirmó. Sostuvo que debe abrirse el diálogo con la población y también rechazó la violencia durante las manifestaciones.
🔴#AHORA| 💧 @Claudiashein acusa a @EnriqueAlfaroR de incumplir obras hídricas en #Jalisco. La presidenta señaló que el exgobernador no financió el ducto acordado ni resolvió la crisis del agua mediante otras obras.
Además, planteó la necesidad de coordinar acciones de emergencia y un programa a largo plazo para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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— Ahora Tabasco Noticias (@AhoraTabasco) October 12, 2026
La protesta del 11 de octubre partió de La Minerva y llegó a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. En las inmediaciones se registraron enfrentamientos y el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos contra participantes.
El gobierno estatal atribuyó los disturbios a un grupo de choque. Familiares y abogados, por su parte, denunciaron detenciones arbitrarias y reclamaron información sobre el paradero de las personas trasladadas por la policía.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco confirmó 39 detenciones, recibió cinco quejas por presuntos abusos de autoridad y abrió una investigación. Además, dictó medidas cautelares para garantizar atención médica, protección y la pronta definición de la situación jurídica de las personas detenidas.
Los registros ciudadanos reunieron más nombres que los reportados oficialmente, aunque incluyeron personas que posteriormente fueron liberadas. La diferencia entre los listados hace necesario esclarecer cada caso, verificar su ubicación y precisar quiénes continúan bajo custodia.
Agua turbia y meses de reclamos
La movilización ocurrió después de meses de denuncias por agua con sedimentos, coloraciones oscuras y malos olores en viviendas de Guadalajara y su zona metropolitana.
Las familias han exigido conocer la calidad del líquido que reciben, los riesgos sanitarios y las medidas para garantizar un suministro seguro. También han reportado molestias de salud, cuya posible relación con el agua requiere evaluación sanitaria.
El 6 de octubre, Lemus reconoció la gravedad de la crisis y anunció que se dejaría de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.
Según el diagnóstico expuesto por el gobernador, existen descargas irregulares en ese sistema y rezagos en la infraestructura de potabilización. La medida reduce el volumen disponible y contempla una distribución rotativa durante al menos seis meses en su primera etapa.
El gobierno estatal anunció trabajos de conducción y ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle. Posteriormente, presentó al Congreso local una iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, con una inversión propuesta de 18 mil millones de pesos.
El proyecto comprende construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Lemus sostiene que no implica privatizar ni concesionar el servicio de agua potable y que los pagos quedarían a cargo del gobierno estatal.
Federación ofrece apoyo y cuestiona esquema
Sheinbaum advirtió que algunos modelos de financiamiento pueden conducir a la operación privada del agua, por lo que ese punto debe revisarse con las autoridades de Jalisco.
La Presidenta informó que este lunes se reunirían integrantes del equipo estatal con la Comisión Nacional del Agua para analizar acciones inmediatas y las obras necesarias para resolver la contaminación.
También señaló que quedó pendiente un ducto relacionado con el sistema de El Zapotillo y atribuyó la falta de la inversión estatal prevista a la administración de Enrique Alfaro.
La mandataria planteó buscar una solución conjunta, con recursos compartidos, que permita mejorar el abastecimiento sin privatizar el servicio.
Mientras se revisan los proyectos, las familias mantienen su exigencia de recibir agua limpia. A esa demanda se suma el esclarecimiento de la actuación policial durante la protesta y de las denuncias por posibles abusos contra manifestantes.
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