El racismo, el sexismo y otras formas de discriminación siguen pesando de manera determinante en el acceso o no a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 30 años después de que la gran mayoría de países asumieran el compromiso oficial de poner este asunto entre sus prioridades de desarrollo.
A pesar de eso, las mujeres en su conjunto todavía están muy lejos de gozar del pleno disfrute de esos derechos y, todavía peor, existen riesgos de retroceso, según un informe publicado por el Fondo Mundial de Naciones Unidas para la Población.
“El progreso es más y más lento, y en algunos casos se ha detenido”, concluye el estudio, que ofrece datos en los que se apoya este temor: 800 mujeres mueren cada día dando a luz, una cifra que no ha mejorado en nada en los últimos ocho años; y un cuarto de las mujeres del mundo no pueden negarse a una relación sexual con su pareja.
En cuanto a la contracepción, una de cada 10 mujeres no puede tomar sus propias decisiones y en 40 por ciento de países (con datos suficientes) la autonomía de las mujeres en cuanto a las decisiones que afectan a su propio cuerpo está disminuyendo.
No obstante, también hay noticias buenas: en el espacio de una generación se ha reducido en casi el 20 por ciento la tasa de embarazos no deseados, mientras que la mortalidad materna ha bajado en un tercio y 160 países cuentan con leyes específicas contra la violencia doméstica.
“A pesar de estos progresos, las desigualdades en nuestras sociedades y sistemas de salud están aumentando, y no hemos dado la prioridad adecuada a llegar a los más desfavorecidos. Nuestra labor es incompleta pero no imposible con una inversión sostenida y solidaridad mundial”, declaró al presentar el informe en Ginebra la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Población, Natalia Kanem.
Entre todas las conclusiones del estudio, entre las más inquietantes es que el acceso a la contracepción, a servicios para un parto seguro, a un cuidado materno y a otros servicios esenciales en materia sexual y reproductiva no llegan a grupos marginados o discriminados, como mujeres y niñas con discapacidades, migrantes, de minorías étnicas o del grupo LGBTQIA+.
“Las mejoras han beneficiado a las mujeres económicamente más favorecidos y a aquellas pertenecientes a grupos étnicos que ya tenían un buen acceso a los servicios médicos”, se explica.
La consecuencia más concreta es que una mujer africana tiene 130 más probabilidades más de morir por complicaciones durante un embarazo o dando a luz que una mujer en Europa o Norteamérica.
En todo el continente americano, las mujeres afroamericanas e indígenas tienen un riesgo mayor de morir que una mujer blanca en el mismo país, aunque el caso más extremo es el de Estados Unidos, donde el riesgo para esta minoría es tres veces mayor.
Por otro lado, la discapacidad pone a las mujeres en un riesgo 10 veces mayor de sufrir violencia de género con respecto al resto de la población femenina.
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