La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dieron a conocer información limitada de una redada del 16 de noviembre que dejó 143 personas detenidas, pero sólo reportó que 51 tenían vínculos con la pandilla Tren de Aragua, sin informar detalles de las otras 92 que podrían no tener antecedentes penales.
Hasta el momento, las autoridades no dieron una lista con el nombre de los detenidos, pero informaron que la mayoría son de nacionalidad venezolana, 21 hondureños, 14 mexicanos, cuatro cubanos, dos ecuatorianos, un nicaragüense, un peruano, un guatemalteco y un salvadoreño.
Los arrestados, en un operativo que tuvo lugar sobre las 3 a.m del domingo 16, fueron trasladados a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las autoridades aseguran que al menos 51 de los individuos detenidos son miembros “confirmados” del Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, no entregaron más evidencia para explicar la relación con el grupo criminal.
Y es que, solo 25 de los detenidos, detalló el FBI, tienen “antecedentes criminales”, 13 por crímenes federales y 12 por delitos menores.
Sin embargo, aún quedan interrogantes sobre las otras 92 personas que fueron detenidas esa mañana en un lugar que personal estatal vigilaba por posible actividad ilegal, una investigación centrada en un presunto narcotraficante, según los registros.
Esta redada en el sur de Texas es el último ejemplo de la estrategia del gobierno de Donald Trump, con detenciones con información pública parcial o nula.
Ante ello, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de estar cometiendo abusos contra la población, por medio del arresto indiscriminado y “sin respeto por los derechos humanos” de personas migrantes o de origen latino.
En operativos de este tipo en otras ciudades como Chicago (Illinois), Charlotte (Carolina del Norte) y Boston (Massachusetts), se ha visto como personas sin antecedentes criminales o con un estatus legal en EE.UU. son también arrestadas, como consecuencia de la expansión de las fuerzas federales.
La redada ha provocado críticas por parte de los legisladores demócratas que representan en el Congreso nacional a varios distritos en San Antonio, quienes han exigido al Gobierno entregar más información sobre el motivo del operativo y los detenidos.
El congresista Joaquín Castro hizo pública esta semana la orden de registro, emitida por un juez del distrito del condado de Bexar, que dio luz verde al operativo.
En el documento, un agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), detalla que su agencia había estado “investigando” por meses el sitio donde se llevó a cabo la redada, ya que tenían información de un testigo confidencial de que en uno de los locales se vendía droga y se celebraran fiestas clandestinas frecuentadas por “miembros del Tren de Aragua”.
Usando al testigo confidencial, DPS asegura haber comprobado que un individuo, identificado como el responsable del establecimiento, vendía cocaína en el local.
Sin embargo, Castro criticó lo que llamó “una inaceptable falta de transparencia” por parte del Gobierno respecto al operativo.
Incluso, un video grabado en un food truck cercano captó la llegada de numerosas fuerzas del orden para detener a decenas de personas. Más tarde, se ve a un agente usando una sombrilla para romper la cámara de seguridad.
