Un juez federal en Massachusetts acusó al Gobierno de Donald Trump de estar “creando caos” con el envío de un grupo de migrantes al este de África, violando una orden que les impedía expulsar a las personas a países donde pueden ser torturados.
El magistrado Brian Murphy negó un recurso presentado por los abogados de la Administración republicana para reconsiderar el caso y pausar una orden en donde les instruye a evaluar los casos de los migrantes, aunque estén por fuera del territorio estadounidense.
En un documento emitido el lunes en la noche, Murphy acusó al Gobierno de tergiversar las instrucciones del tribunal y de estar “creando el mismo caos que critican”.
La semana pasada, el Gobierno envío a ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, en un vuelo con destino a Sudán del Sur, según denunciaron los abogados de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.
En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a confirmar el paradero de los migrantes, pero posteriormente funcionarios del Gobierno informaron al juez Murphy que el vuelo aterrizó en Yibuti.
Los expulsados tienen antecedentes penales en EE.UU. -por delitos que van desde homicidio hasta posesión ilegal de un arma de fuego- y permanecen en custodia de las autoridades estadounidenses, según informó DHS.
El juez Murphy ordenó al Gobierno que se les realizara entrevistas de miedo creíble a estos migrantes en el exterior, para determinar si pueden recibir una protección conocida como la Convención contra la Tortura, que evita sean enviados a un país donde pueden ser sujetos a abusos.
El caso en Massachusetts es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”.
La ley estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados.
Los migrantes en este caso son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno de ignorar el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una “crisis constitucional”.
Para acelerar las deportaciones, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados.
A mediados de marzo, EE.UU. envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
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