El caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz en Chiapas y cuya pareja es un adolescente de entre 17 y 18 años, generó una nueva ola de indignación entre activistas y organizaciones feministas, quienes exigieron reforzar el combate al matrimonio infantil, la cohabitación forzada y la violencia sexual contra menores de edad en México.
Entre las voces que se pronunciaron destaca la de la activista oaxaqueña Eufrosina Cruz, quien afirmó que estas prácticas constituyen una forma de violencia, independientemente de que en algunas comunidades se justifiquen bajo el amparo de los usos y costumbres. A través de redes sociales, sostuvo que ninguna tradición puede estar por encima de la dignidad ni de los derechos humanos de las niñas.
Cruz señaló que, aunque el matrimonio infantil esté prohibido en diversas entidades, la falta de sanciones penales permite que continúe ocurriendo. En ese sentido, urgió a homologar la legislación en todo el país para tipificarlo como delito en los códigos penales estatales. De acuerdo con la activista, solo cinco de las 32 entidades federativas han armonizado sus leyes, lo que deja a miles de niñas en una situación de vulnerabilidad.
“La prohibición sin castigo no erradica la violencia, la tolera”, expresó, al advertir que mientras no exista una sanción clara y generalizada, casos como el de Daysi seguirán repitiéndose, con infancias truncadas y maternidades forzadas.
Por su parte, el colectivo Marías Aborteras Mx calificó el caso como una expresión de violencia sexual y tortura institucional. La organización subrayó que Daysi es una niña y no una madre, y que obligarla a continuar un embarazo representa una forma extrema de violencia que el Estado no puede permitir ni justificar.
El colectivo insistió en que el hecho ocurrido en San Cristóbal de las Casas no es aislado, sino parte de una problemática estructural que expone a niñas y adolescentes a graves daños físicos y psicológicos. Ante ello, exigió que el matrimonio infantil y la cohabitación forzada sean sancionados penalmente en todo el país, con el fin de garantizar la protección integral de la niñez.
Las organizaciones coincidieron en que la responsabilidad recae en las autoridades, quienes están obligadas a prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las niñas, más allá de argumentos culturales o comunitarios.
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KCQ
