El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy reformas y adiciones al Código Penal Federal (CPF) para incrementar las penas por el delito de despojo, al establecer diversas agravantes para quien cometa ese ilícito en contra de personas adultas mayores o con discapacidad, o en los casos donde participen servidores públicos.
Durante una sesión en la que se avalaron diez dictámenes “de consenso”, Gerardo Ulloa Pérez (Morena) señaló que la propuesta reúne las iniciativas de diputados de diversos grupos parlamentarios, y su objetivo es frenar el despojo, delito que “lacera extremadamente a nuestra sociedad y se ha incrementado de forma continua a escala nacional”.
Un ejemplo de ello, enfatizó, es que tan solo en el estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo de 2015 a 2025.
El dictamen, aprobado por unanimidad 413 votos, añade en el artículo 395 del CPF que habrá una pena de entre 10 y 15 años de cárcel para los autores intelectuales de los despojos realizados por un grupo de personas, y de 5 a 25 años a quienes se dediquen a este ilícito de forma “reiterada”.
Asimismo, se añadió un artículo 395 Bis para incluir agravantes para sancionar con 6 a 10 años extras de prisión a los servidores públicos que participen en los hechos, y para los delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores para intimidar a las víctimas; afecten a adultos mayores o personas con discapacidad, o usen documentación falsa para ostentarse como dueño de algún inmueble para concretar el despojo del mismo.
Avalan protección a sindicatos
Por otra parte, en la sesión también se aprobó por unanimidad de 407 votos el dictamen a la minuta enviada por el Senado que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para establecer que los sindicatos deben estar protegidos contra cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos.
La morenista Sonia Rincón Chanona resaltó en tribuna que la propuesta “incorpora de manera clara la injerencia sindical como una conducta que se aleja de la honestidad y probidad que deben observar las personas servidoras públicas”.
De igual forma, dijo, “se garantiza que la representación sindical responda únicamente a la voluntad de sus agremiados y no a intereses mezquinos. Es una forma justa que fortalece la transparencia y la integridad de la vida sindical, que evitará tentaciones y sancionará con proporcionalidad a quien se empeñe en estar por encima de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos”.
