La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respaldó la postura de México al emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego, en la que establece que los gobiernos deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas, incluso cuando intervienen empresas privadas.
El pronunciamiento señala que los Estados deben implementar medidas efectivas para evitar que las armas se desvíen al mercado ilegal, entre ellas sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar su origen.
También subraya que las víctimas de la violencia armada deben contar con recursos judiciales efectivos para reclamar daños.
La Corte indicó que los gobiernos tienen la obligación de controlar la gestión de arsenales y armas decomisadas, así como de fortalecer la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito.
“Los Estados deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego”, señala el documento.
Aunque la opinión consultiva no es vinculante, representa un respaldo a la estrategia legal impulsada por México desde 2022, cuando solicitó a la Corte interpretar la responsabilidad de empresas dedicadas a la fabricación y venta de armas, así como la obligación de los estados de garantizar justicia para las víctimas.
Para su análisis, la CoIDH tomó como base instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El pronunciamiento también refuerza los argumentos que México ha presentado en litigios contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, al señalar que las decisiones comerciales negligentes pueden tener impactos directos en la violencia armada y en la vulneración de derechos como la vida y la integridad personal.
Según el Gobierno mexicano, este criterio internacional fortalece su estrategia jurídica y de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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