Sin atender las observaciones de especialistas y en medio de reclamos de la oposición, las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen fue avalado con 56 votos a favor, 11 en contra —del PRI y Movimiento Ciudadano— y una abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. El PAN abandonó la sesión antes de la votación.
Durante las tres audiencias previas, expertos constitucionalistas advirtieron que las modificaciones restringen el acceso ciudadano a la justicia y debilitan el control judicial sobre el poder público. Sin embargo, Morena y sus aliados sólo aprobaron un cambio menor: eliminar la retroactividad del decreto.
La reforma acota la figura del interés legítimo, restringe la suspensión provisional en casos relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y revocación de permisos o concesiones, además de limitar los recursos de revocación y extender de 60 a 90 días el plazo para dictar sentencia.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió la iniciativa señalando que busca “modernizar el juicio de amparo y evitar abusos procesales”.
Sin embargo, Sánchez Cordero alertó que las modificaciones “restringen el acceso a la justicia constitucional” y podrían afectar las acciones colectivas de comunidades indígenas, grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Desde la oposición, Juan Zavala (MC) acusó que Morena “corrigió un artículo sólo porque los regañó la Presidenta”, mientras que Homero Niño de Rivera (PAN) advirtió que la reforma “traiciona a los ciudadanos” al reducir las garantías frente al poder.
El dictamen será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación en los próximos días.