La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual será enviada al Congreso el próximo 2 de marzo. El proyecto plantea una transformación de fondo en el sistema político mexicano y abre el debate más importante en materia electoral en más de una década.
La mandataria sostuvo que la reforma responde a una exigencia ciudadana: reducir el costo de las elecciones, eliminar privilegios partidistas y fortalecer la democracia participativa. “Es un asunto de principios”, afirmó al explicar que quien aspire a un cargo deberá buscar directamente el voto ciudadano.
Los cambios centrales
La propuesta se articula en diez ejes que impactan directamente la integración del Congreso, el financiamiento de partidos, la fiscalización electoral y los mecanismos de participación ciudadana.
Entre los puntos más relevantes destacan:
• La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes, todos electos por voto directo.
• El Senado quedaría integrado por 96 legisladores.
• Se reduciría en 25 % el costo total de las elecciones.
• Disminuirían recursos a partidos, órganos electorales y congresos locales.
• Se reduciría el número de regidores según la población de cada municipio.
• Se prohibirían aportaciones en efectivo y se reforzaría la fiscalización financiera.
• Se reducirían los tiempos oficiales de radio y televisión en campañas.
• Se regularía el uso de inteligencia artificial y se prohibirían bots en procesos electorales.
• Se fortalecerían mecanismos de democracia participativa como referéndum, plebiscito y consulta popular, incluso con posibilidad de voto electrónico.
• Se prohibiría la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos a partir de 2030 y se reforzaría la prohibición del nepotismo electoral.
12 años sin una reforma integral
La última gran reforma electoral constitucional en México se aprobó en 2014. Aquella transformación cambió de fondo el sistema: el IFE se convirtió en INE, se centralizó la organización de elecciones locales y federales, y se permitió la reelección legislativa y municipal.
Desde entonces ha habido ajustes secundarios, pero no una reconfiguración estructural del modelo electoral.
Por eso, la iniciativa presentada ahora se perfila como el rediseño más relevante del sistema político en más de una década.
¿Qué cambia frente a 2014?
La reforma de 2014 tuvo como eje central fortalecer instituciones electorales y consolidar el financiamiento público como garantía de equidad.
La propuesta actual, en contraste, plantea:
• Reducir costos y estructuras.
• Limitar privilegios partidistas.
• Eliminar la reelección que se autorizó hace 12 años.
• Reconfigurar el esquema de representación proporcional.
• Ampliar mecanismos de democracia directa.
En términos políticos, el giro es claro:
Si en 2014 se fortaleció el modelo institucional, en 2026 se plantea simplificarlo y modificar su lógica de operación.
Impacto en partidos y poder político
De aprobarse, la reforma tendría consecuencias profundas para las fuerzas políticas:
1. Menos financiamiento público implica campañas más austeras y mayor dependencia de estructura territorial real.
2. La reducción del peso de listas partidistas debilita el control de cúpulas internas.
3. La eliminación de la reelección cambia por completo la planeación política de largo plazo.
El equilibrio entre partidos y ciudadanía se modifica. La lógica pasa de negociación interna a competencia directa por voto.
Las reformas electorales en México históricamente han ocurrido cada 10 o 15 años como parte de procesos de rediseño político (1977, 1996, 2014). La iniciativa actual se inserta en esa tradición de ajustes estructurales.
No se trata de una reforma de coyuntura. Es un cambio de arquitectura institucional que podría definir el funcionamiento del sistema democrático en la próxima década.
Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá mayoría calificada en el Congreso. El debate legislativo será determinante, pues la discusión no sólo gira en torno a ahorro presupuestal, sino a representación política, autonomía institucional y equilibrio de poder.
Lo que está en juego no es únicamente una ley electoral.
Es el modelo de democracia que México decidirá construir para los próximos años.
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Grace Bravata (FOH)