El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a su área legal a revisar los marcos jurídicos nacionales e internacionales que podrían utilizarse para justificar una eventual intervención militar en México contra organizaciones del narcotráfico, según reportes difundidos este viernes.
El análisis busca identificar fundamentos legales para una acción fuera del territorio estadounidense en el contexto del combate al crimen organizado transnacional. Hasta ahora, no existe una decisión formal ni se han anunciado medidas concretas derivadas de esta revisión.
Las declaraciones del presidente Donald Trump han elevado la tensión. En entrevistas recientes, el mandatario afirmó que “los cárteles dirigen México” y adelantó que su gobierno intensificará acciones por tierra, tras presumir reducciones en el tráfico de drogas por vía marítima.
En paralelo, al menos 75 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio para rechazar cualquier uso de la fuerza no autorizado. En la misiva advierten que una acción unilateral violaría la soberanía mexicana, afectaría la cooperación bilateral y tendría impactos económicos, al tratarse del principal socio comercial de EE. UU.
Los legisladores subrayaron que, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, México ha incrementado la cooperación con Estados Unidos, incluyendo extradiciones históricas, refuerzo de inteligencia, reducción de homicidios y aseguramientos récord de fentanilo, además de reformas para prohibir su producción y distribución.
El documento pide a la Administración estadounidense no emprender acciones militares unilaterales que puedan socavar avances en seguridad, alterar flujos migratorios o dañar negocios que sostienen a la economía de ambos países, y exige un compromiso explícito de no actuar sin aval del Congreso.
La información permanece en desarrollo, en un contexto internacional marcado por tensiones recientes y advertencias sobre los riesgos de escalar el conflicto.
