La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó las investigaciones sobre el accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico, determinando que la causa principal fue el exceso de velocidad negligente del maquinista.
El peritaje técnico descartó fallas en la infraestructura y el equipo, señalando al factor humano como responsable del descarrilamiento que dejó 14 muertos tras el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025.
Ernestina Godoy subrayó el 8 de abril de 2026 que tres personas fueron vinculadas a proceso por homicidio y lesiones culposas, mientras que 145 víctimas ya recibieron reparación integral.
La investigación de la FGR incluyó 230 dictámenes periciales y colaboración con la UNAM.
De acuerdo con los resultados presentados por Ernestina Godoy, el descarrilamiento y posterior volcadura del tren —en el que fallecieron 14 personas— no se debió a fallas técnicas o falta de mantenimiento.
Las investigaciones determinaron que la velocidad del tren, al combinarse con su masa y el radio de la curva en el punto del siniestro, aumentó la fuerza centrífuga hasta sacarlo de las vías.
La FGR fue enfática al señalar que los componentes de la superestructura (riel, fijaciones, durmientes y balasto), así como las locomotoras y vagones, cumplían estrictamente con las normas mexicanas aplicables y estaban en condiciones normales de uso.
Responsabilidades legales y vinculación a proceso
Como resultado de la integración de cuatro carpetas de investigación, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas.
La responsabilidad de estos hechos ha sido atribuida a tres figuras clave:
- El maquinista: por conducir con exceso de velocidad negligente.
- El conductor y el jefe de despacho: por la omisión en sus deberes para evitar dicho exceso de velocidad.
Tras obtenerse órdenes de aprehensión y realizarse cateos, se llevó a cabo la audiencia inicial donde se obtuvieron los autos de vinculación a proceso para los señalados.
Por otra parte, Ernestina Godoy indicó que se descartaron delitos de uso ilícito de atribuciones o corrupción tras analizar 41 contratos públicos y realizar auditorías que no mostraron observaciones penales.
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