El Gobierno de México presentó el esquema nacional de atención y reconstrucción tras las fuertes lluvias e inundaciones registradas en distintas entidades del país. El plan, denominado “Trabajo frente a la emergencia”, contempla una intervención gradual en cuatro ejes: apoyo directo a familias damnificadas, atención operativa inmediata, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento de los sistemas de pronóstico y alertamiento.
De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se han presupuestado 10 mil millones de pesos para atender las primeras etapas del plan, además de los recursos que aportarán las aseguradoras, cuyo monto se agregará conforme avancen las valoraciones de daños en vivienda, infraestructura y comercios.
El despliegue gubernamental se organiza en cuatro líneas de acción:
1️⃣ Apoyo a familias damnificadas
Entrega de ayuda directa, alojamiento temporal cuando es necesario y atención prioritaria a personas en condición de vulnerabilidad.
2️⃣ Atención inmediata a la emergencia
Apertura de caminos, limpieza, brigadas de salud, restablecimiento del sistema de agua potable y saneamiento básico para evitar riesgos epidemiológicos.
3️⃣ Reconstrucción
Rehabilitación de caminos, desazolve de ríos, reparación de plantas de tratamiento, reconstrucción de viviendas dañadas, clínicas, escuelas y apoyo a la reactivación económica local.
4️⃣ Prevención y sistema de alerta
Instalación y ampliación del comité científico de monitoreo, actualización del atlas de riesgos y la implementación de alertamiento digital para protección civil y comunicación temprana con la población.
El enfoque presentado busca no sólo responder a la emergencia, sino construir resiliencia para reducir los impactos futuros. Al presupuesto ya autorizado se sumará la cobertura de aseguradoras, destinada principalmente a infraestructura asegurada, vivienda registrada y sectores productivos afectados.
Con esta estrategia, el Gobierno Federal afirma que la prioridad es proteger la vida, acelerar la recuperación social y económica, y garantizar que las comunidades afectadas no queden desamparadas tras la fase crítica.
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Graciela Bravata (FOH)
