En la Atenas del siglo V antes de Cristo, los ciudadanos acudían al ágora con fragmentos de cerámica —los “óstracos”— para realizar un acto que hoy nos parecería extraordinario: decidir el destino de sus gobernantes. Aquella práctica, denominada “ostracismo”, permitía desterrar durante una década a quien fuera considerado una amenaza para la “polis”. Más que castigar una falta concreta, operaba como un mecanismo de control preventivo del poder. Era una de las expresiones más nítidas de la soberanía popular, pues el pueblo se erigía en guardián vigilante de su democracia.
Dos mil quinientos años después, en México, el estado de Oaxaca se convirtió en el primero en estrenar el mecanismo de revocación de mandato para consultar a la ciudadanía sobre la permanencia de su gobernador, Salomón Jara Cruz. El resultado, sin embargo, exhibe una paradoja demoledora.
Más allá de que el 58.8% de quienes votaron expresaron su respaldo, frente a un 38.1% que deseó su salida, el dato verdaderamente revelador es que apenas el 29.9% del padrón acudió a las urnas, muy por debajo del 40% requerido para que el ejercicio fuera vinculante. En términos simples, siete de cada diez oaxaqueños consideraron que esta consulta no merecía su participación ni compromiso.
La revocación de mandato nació, en teoría, para ampliar los cauces de intervención ciudadana, promover gobiernos más democráticos y fortalecer la legitimidad institucional. Su propósito era devolver al ciudadano la posibilidad de exigir cuentas entre elecciones y romper con la lógica del cheque en blanco sexenal. Sin embargo, cuando se ofreció esa oportunidad, la respuesta fue el más elocuente de los silencios: la abstención masiva.
Lejos de convertirse en un instrumento de empoderamiento, la consulta oaxaqueña evidenció el hartazgo de una sociedad exhausta de procesos electorales interminables y de campañas permanentes que terminan funcionando como un cáncer de la convivencia pública.
Para comprender esta deserción del ágora moderna es necesario mirar más allá de la simple apatía. En Oaxaca, como en buena parte del país, la democracia se ha convertido en un estado de campaña perpetua, donde los partidos no abandonan la trinchera electoral y cada ejercicio de participación se ve contaminado por la confrontación. La revocación de mandato, concebida como un mecanismo ciudadano, quedó desde su origen atrapada en la maquinaria partidista. No se trata de un problema exclusivo de un partido o de un gobierno, sino de una distorsión que atraviesa al conjunto del sistema político mexicano.
Los atenienses acudían al ágora porque creían en su capacidad de decidir colectivamente el rumbo de su ciudad. Portaban sus “óstracos” con la certeza de que su voto individual se sumaba a una voluntad común capaz de transformar la realidad. En Oaxaca, en cambio, la consulta transcurrió entre incidentes y desorganización, marcada por el desencanto de quienes ya no creen que su participación tenga consecuencias.
Cuando un mecanismo democrático produce exactamente lo contrario de lo que promete; cuando un instrumento creado para aumentar la participación genera abstención; cuando una herramienta destinada a fortalecer la legitimidad apenas consigue legitimarse a sí misma, estamos ante el síntoma de una enfermedad más profunda de nuestra democracia.
La lección oaxaqueña es clara: no basta con diseñar mecanismos de participación si estos se contaminan por la lógica de la confrontación permanente que ha envenenado la vida pública. El ostracismo ateniense funcionaba porque emergía de una cultura cívica robusta, donde participar era un deber y un honor. En México, mientras cada ejercicio democrático se perciba como una nueva batalla dentro de una guerra interminable, la ciudadanía seguirá respondiendo con el único voto que le queda: el de la ausencia.