El Banco de México (Banxico) ha propuesto significativas reformas a la Circular 21/2009, que regula el cálculo y publicación del Costo Anual Total (CAT). Estas modificaciones, con consulta cerrada el 22 de diciembre, buscan mayor transparencia para los consumidores al incluir nuevos componentes y supuestos. Aunque el objetivo es proteger al usuario y facilitar la comparación, existen serias preocupaciones sobre la viabilidad y los plazos de implementación, especialmente para aquellas instituciones financieras pequeñas y medianas en las que se sustenta el microcrédito y el crédito para proyectos productivos en México.
Primero, para las instituciones que manejan un alto volumen de tarjetas y créditos de bajo monto, implicaría ajustes masivos en sus sistemas, procesos operativos, gobernanza de datos y modelos publicitarios ya existentes. Por ejemplo, las nuevas exigencias como la aplicación del percentil 66 buscan proteger al consumidor de publicidad engañosa que sólo muestre las tasas más bajas disponibles, pero calcular este percentil para un gran volumen de productos y créditos pequeños implica una complejidad operativa y de sistemas considerable, ya que requiere un monitoreo y cálculo detallado para cada producto, esto demanda un desarrollo tecnológico y de infraestructura de datos robusto y complejo, que lleva tiempo y recursos adicionales.
Segundo, la ambigüedad de ciertos conceptos nuevos, como la identificación de la diferencia entre \»precio contado vs. crédito\» o incorporar los “costos para garantías líquidas” podría generar un serio riesgo de interpretación y arbitraje. Sin guías operativas detalladas, las entidades podrían aplicar criterios heterogéneos, diluyendo la comparabilidad que se busca y generando incertidumbre en el mercado.
Tercero, otro tema central destacado por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), es la propia naturaleza del CAT para créditos muy cortos (15 a 90 días). Al anualizar los costos, el CAT puede generar una percepción distorsionada y extremadamente elevada. Un crédito a 30 días, por ejemplo, podría mostrar un CAT de más del 4000%, cuando su costo real anualizado es mucho menor. Esta distorsión confunde al consumidor sobre el costo genuino del financiamiento, haciendo que el CAT no sirva para los créditos de corto plazo, que son lo que requieren la mayoría de los mexicanos. Ante esto, la AMFE propone una cálculo más preciso del costo del crédito para productos de corto plazo o de un solo pago, ajustándolo a la duración efectiva y calendario real de pagos. Este cálculo sería complementario, no sustituiría al CAT, pero que sí daría información más fiel y comprensible a los consumidores.
Finalmente, el calendario de implementación. Banxico propone noventa días hábiles bancarios para la entrada en vigor, plazo que es a todas luces insuficiente. Adaptar sistemas, realizar pruebas exhaustivas, ajustar modelos y capacitar al personal requiere considerable inversión de tiempo y recursos.
Todos estos cambios podrían crear una brecha significativa: solo grandes instituciones, con vastos recursos, podrían adecuarse incentivando mayor concentración en el sistema financiero y dejando en desventaja a pequeñas y medianas entidades; lo que podría afectar el acceso al crédito para segmentos específicos de la población y frenar la inclusión financiera.
Por eso es imprescindible un canal de comunicación abierto y proactivo con el Banco de México. Aquí quiero destacar la importancia de UNIFIMEX (Unión de Instituciones Financieras Mexicanas), una asociación especializada en la masificación de créditos; UNIFIMEX sería fundamental para construir una nueva propuesta que defina plazos realistas y opciones diferenciadas que consideren la diversidad del sector, sin frenar la inclusión financiera.
Sin lugar a dudas, la modernización del CAT es vital; sin embargo, su éxito radica en un proceso de implementación bien ponderado. Es esencial armonizar la exigencia regulatoria con la realidad operativa de las diversas instituciones. Un camino de adaptación gradual, diálogo abierto donde estén presentes las instituciones especializadas y apertura para propuestas complementarias sería el camino adecuado para alcanzar mayor transparencia y protección del consumidor en el sistema financiero mexicano.