Después de más de 12 años de retraso, resistencias políticas y presiones de grupos con intereses sobre el agua, la Cámara de Diputados aprobó —con 324 votos a favor— la Ley General de Aguas, una demanda social que se arrastraba desde la reforma constitucional de 2012.
Hoy, la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza al Senado y abre una nueva etapa en la política hídrica del país.
¿Por qué se tardó más de 12 años?
La Constitución mandató en 2012 la creación de esta ley, pero tres factores la frenaron durante más de una década:
- Poder económico y político de los grandes concesionarios, que encontraron en la antigua Ley de Aguas Nacionales un marco flexible para mantener privilegios.
- El mercado negro del agua, el tráfico de derechos, la venta ilegal de volúmenes y la ausencia de regulación clara para transmisiones y herencias.
- La falta de consensos políticos, pues cada legislatura evitó tocar intereses regionales, agrícolas, industriales y privados.
La llegada del nuevo gobierno rompió la inercia. El tema se colocó como prioridad nacional y se trabajaron 164 modificaciones y 18 reservas adicionales, fruto de diálogos con sectores campesinos, productores y comunidades.
¿Qué cambia con la nueva Ley General de Aguas?
La ley aprobada representa un cambio estructural en la forma en que México gestiona su recurso más estratégico:
- Se reconoce legalmente a los sistemas comunitarios de agua
Por primera vez, los pueblos indígenas, comunidades rurales y sistemas autónomos tendrán reconocimiento y reglas claras para administrar agua potable, saneamiento y usos productivos en sus territorios.
- Ordena las transmisiones y herencias de concesiones
Se frena el tráfico de derechos, pero se mantiene el derecho sucesorio, la transmisión por propiedad y la seguridad jurídica para familias y actividades productivas.
Todo pasará por un mecanismo formal de reasignación, evitando abusos históricos.
- La Autoridad del Agua podrá reducir o cancelar volúmenes
En casos de riesgo para el consumo humano, el Estado recupera capacidad de control para garantizar el derecho al agua sobre cualquier otro uso.
- Se endurecen sanciones contra el desvío, contaminación y robo de agua
Por primera vez hay penas claras para quienes extraen volúmenes industriales a gran escala, contaminan ríos o perforan pozos ilegales.
- Se actualiza el Programa Nacional Hídrico
Se vuelve obligatorio que incorpore criterios sociales, ambientales y de sustentabilidad, colocando al derecho humano al agua como eje rector.
- Certeza para la propiedad rural y productiva
Cuando un propietario transmite la tierra, el nuevo dueño conserva el volumen concesionado sin perder vigencia, evitando incertidumbre a agricultores.
- Se regulariza el estatus de miles de obras en zonas de libre alumbramiento
La CONAGUA tendrá 180 días para emitir lineamientos y evitar acaparamiento.
¿Cuáles son los beneficios?
La nueva ley abre un parteaguas en justicia hídrica:
- Garantiza el acceso al agua como derecho humano real
Se prioriza el consumo doméstico, la calidad, el saneamiento y la suficiencia.
- Ordena un sistema que llevaba décadas capturado
Se atacan las prácticas de corrupción, el tráfico de concesiones y la falta de control sobre volúmenes explotados.
- Da seguridad jurídica a campesinos, pequeños productores y usuarios rurales
Aclara herencias, prórrogas, transmisiones y uso de tierra con agua concesionada.
- Reconoce lo que siempre existió, pero nunca se había protegido: los sistemas comunitarios
Esta es una deuda histórica con pueblos indígenas y afromexicanos que gestionan su agua desde sus sistemas normativos.
- Protege cuencas y acuíferos en crisis
Con sanciones más severas y facultades claras, el Estado por fin puede intervenir ante sobreexplotación, contaminación o desvío del recurso.
- Mejora la planeación a largo plazo
El Programa Nacional Hídrico se actualiza con visión ambiental y social, alineando la política del agua con el cambio climático.
El debate político: consensos, tensiones y desinformación
Aunque Morena, PVEM, PT y MC acompañaron el dictamen, la oposición argumentó que la ley llega tarde, con cambios excesivos y sin una consulta suficiente a pueblos originarios.
El punto más controvertido:
campesinos y productores habían sido víctimas de desinformación, lo cual generó movilizaciones basadas en mitos sobre confiscación de derechos o cancelación de pozos —escenarios que no aparecen en la ley.
Las reservas de última hora —presentadas por el diputado Ricardo Monreal— buscaron precisamente disipar esos temores y dar tranquilidad a las y los productores.
México por fin enfrenta el tema que nadie quería tocar
La aprobación de esta ley no es un acto administrativo:
es un reacomodo profundo de intereses, un giro hacia la gestión sustentable y una apuesta por poner el agua donde debe estar: al servicio de la gente y no del mercado negro ni de los acaparadores.
Esta es una ley que moderniza, ordena y protege, pero también una ley que exigirá capacidad técnica, vigilancia comunitaria y un Estado fuerte para aplicarla.
La presidenta Claudia Sheinbaum cumple así una de las promesas más relevantes del sexenio: cerrar la deuda que México tenía con su propio derecho humano al agua.
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POR: GRACIELA BRAVATA FLORES (FFO)
