La organización Propuesta Cívica se unió a la ola de condenas de asociaciones por el homicidio del periodista mexicano Carlos Castro, quien fue asesinado el 8 de enero en un establecimiento de comida en Veracruz (este), señalando al Estado mexicano por “la negligencia institucional” que propició la muerte del reportero.
En un comunicado, Propuesta Cívica argumentó que un “fallo catastrófico” fue retirar los “mecanismos estatales de protección” sin justificación razonable al comunicador, pues Castro había sido inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas operado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) desde abril de 2024 tras recibir amenazas directamente vinculadas a su labor informativa.
“Esta tragedia no es un crimen aislado. Es el resultado de una sistemática desprotección de periodistas en México y, particularmente, de un fallo catastrófico en los mecanismos estatales de protección que fueron retirados sin justificación razonable y sin mecanismos de reactivación expeditos”, expresó el documento.
Además, precisó que durante los meses de abril a octubre de 2024, Castro “utilizó activamente las medidas de protección otorgadas, que incluían “botón de pánico, sistemas de seguridad personalizados y acompañamiento especializado”.
Aunque detalló que “las amenazas lo obligaron a abandonar temporalmente” Poza Rica, ciudad donde fue asesinado, para “salvaguardar su integridad física”.
Propuesta Cívica consideró de gravedad que las medidas de protección no fueron reactivadas en el momento que Castro regresó a esta localidad en agosto de 2025.
Y es que, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Gobernación de México, el comunicador habría “necesitado presentar una solicitud formal para reactivar su protección”.
“Esta exigencia burocrática, en un contexto donde el periodista ya había demostrado estar bajo amenaza, constituye una omisión inexcusable por parte de las autoridades competentes”, denunció tras exigir que los mecanismos de protección sean “expeditos, eficaces y permanentes durante el período de riesgo”.
La organización, dedicada a la protección de derechos humanos en el país y la libertad de prensa, hizo un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y a los órganos autónomos estatales a que realicen “una auditoría inmediata” del Mecanismo de Protección para Periodistas y “reformulen sus protocolos de reactivación de medidas”, eliminando requisitos burocráticos.
Esta exigencia se suma a la de otras asociaciones, como Reporteros Sin Fronteras o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que demandan al Gobierno de México atender esta crisis de violencia contra la prensa en un país que en 2025 fue considerado el segundo más peligroso para ejercer el periodismo.
Tan solo en Veracruz, entre 2005 y 2024, se han registrado 31 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.
Castro, quien era director del portal digital Código Norte Veracruz, recibió al menos 16 impactos de bala por sujetos armados, de quienes no se ha informado de su detención.
