La Cámara de Diputados recibió este lunes por la noche de la presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que busca unificar en todo el país el citado delito, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, también prevé armonizar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la delincuencia organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado, la Cámara de Diputados señaló que el objetivo de la reforma es “otorgar herramientas jurídicas suficientes” para que las autoridades de las tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) prevengan eficazmente la extorsión y atiendan las particularidades de este delito.
Además, implementen medidas de protección y asistencia para las víctimas, los testigos y ofendidos, y coordinen sus esfuerzos para mejorar la forma en que se combate este delito.
Para ello, precisó la nota, “propone que todas las estados del país persigan este delito de oficio y su investigación no dependa de la presentación de una denuncia”.
También establece penas de 6 a 15 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo.
Obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causar a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico y se determina a partir de una “serie de agravantes como: el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea ejecutado por una persona servidora pública”.
Apunta que se cuenta con el número 089 para denunciar el delito y precisa que este tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito y, con ello, el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho.
En materia de ejecución penal, la iniciativa plantea crear un régimen estricto, para que quienes sean sentenciados por extorsión no tengan acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
El pasado 10 de julio, Sheinbaum envió una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir el delito de extorsión, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en todo la nación.
La propuesta, que modifica el artículo 73 de la Constitución mexicana, permitiría al Congreso mexicano expedir una ley general en materia de extorsión, con el fin de establecer una base común que evite disparidades entre los códigos penales estatales.
Actualmente, la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.
La reforma busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de la extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas— y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para las fiscalías y policías en todo el país.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10,804 víctimas de extorsión.
Días antes, el 6 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y apuntó que en la actual administración Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán acumulan el 66 % de las extorsiones a nivel país.
