La reforma electoral propuesta en la Cámara de Diputados este miércoles no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, lo que impidió su aprobación y abrió nuevamente el debate sobre quiénes defienden realmente el interés público y quiénes protegen los privilegios del sistema político.
El dictamen obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, cuando se requerían 334 votos para alcanzar las dos terceras partes del pleno.
Aunque la propuesta fue impulsada por el bloque mayoritario encabezado por Morena, los votos de la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— fueron determinantes para frenarla, manteniendo intacto un sistema electoral que durante décadas ha sido señalado por su alto costo para el país.
El fondo del debate: dinero público y privilegios políticos
Uno de los principales objetivos de la reforma era reducir el gasto electoral y el tamaño de las estructuras políticas, algo que históricamente ha generado resistencia entre los partidos tradicionales.
Entre los cambios planteados se encontraban:
• Reducción del gasto electoral en aproximadamente 25 %.
• Modificación del sistema de diputados plurinominales, una figura que permite llegar al Congreso sin competir directamente en territorio.
• Reducción del número de senadores.
• Regulación del uso de inteligencia artificial y bots en campañas electorales.
Para diversos analistas, el rechazo de la oposición no responde únicamente a un desacuerdo técnico, sino a la defensa de un modelo político que permite a los partidos mantener estructuras financiadas con recursos públicos y posiciones legislativas que no necesariamente surgen del voto directo de la ciudadanía.
En otras palabras, llegar al poder sin tener que caminar el territorio.
Las ausencias que también pesan
Sin embargo, el resultado también dejó preguntas dentro del propio movimiento mayoritario.
En votaciones de este tipo, cada voto cuenta, y llamó la atención que algunos legisladores no estuvieran presentes o no participaran en el sufragio.
Las ausencias en momentos clave abren interrogantes políticas que tarde o temprano deberán explicarse a la ciudadanía, particularmente cuando se trata de reformas que buscan transformar el sistema electoral.
No es la primera vez que sucede algo similar. En debates previos de gran trascendencia, como la reforma al Poder Judicial, también se registraron posiciones que generaron polémica dentro del propio bloque de la transformación.
Entre ellas destacó en su momento la postura de Olga Sánchez Cordero, quien optó por no respaldar aquella reforma, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre el compromiso político frente a proyectos estructurales del país.
Un proyecto que va más allá de un gobierno
Más allá de la disputa partidista, el punto central es otro.
Esta reforma no se planteó como un proyecto personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino como una iniciativa que buscaba reducir costos del sistema político y replantear la representación legislativa en México.
Por ello, para muchos ciudadanos no resulta motivo de celebración que una reforma de este tipo no haya prosperado, particularmente cuando el argumento central del cambio era disminuir el gasto público en la política.
El debate ahora se traslada a otro terreno:
si México está dispuesto o no a transformar el modelo electoral que durante años ha sido criticado por su costo y su distancia con la ciudadanía.
Lo que sigue
Tras la votación, legisladores del bloque mayoritario adelantaron que buscarán alternativas legislativas a través de reformas a leyes secundarias, conocidas políticamente como un “Plan B”, para avanzar en algunos de los cambios propuestos.
El tema, sin embargo, está lejos de cerrarse.
Porque más allá de una votación, lo que queda sobre la mesa es una pregunta de fondo:
¿Quién está dispuesto realmente a reducir los privilegios del poder político en México?
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