En un paso clave para reforzar la seguridad en el estado, el Congreso de Tabasco aprobó por mayoría la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que endurece las sanciones y fortalece la persecución penal.
La reforma modifica el Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), estableciendo penas base de 15 a 25 años de prisión. En casos con agravantes —como uso de violencia, participación de menores, afectación a la economía local o los llamados “montachoques”— la condena podrá aumentar entre 7 y 17 años adicionales, alcanzando hasta 42 años de cárcel. También contempla multas de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA.
Como parte de la estrategia, se creará la Fiscalía Especializada en Materia del Delito de Extorsión, con autonomía técnica para realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas y con perspectiva de género e interculturalidad.
El dictamen señala que la normativa se rige bajo principios de derechos humanos, prioriza el interés superior de la niñez y busca evitar la revictimización, además de armonizar la legislación estatal con el marco federal.
Con estas medidas, el Poder Legislativo busca dotar a las autoridades de herramientas más firmes para combatir la extorsión y garantizar mayor protección a la ciudadanía.
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MIGUEL MAYO (FFO)
