Adrián Ortiz Romero Cuevas
Está equivocado quien crea que la Sección 22 del SNTE no participa de los procesos político-electorales que ocurren ahora mismo en Oaxaca, y en el país. Sería reduccionista creer que al magisterio oaxaqueño sólo le incumbe lo que ocurre en las aulas, o que su rango de actuación está circunscrito a sus problemas y necesidades gremiales. En realidad, el magisterio tiene el doble papel de sindicato y de grupo de presión. Es, de hecho, el buque insignia de la lucha social en la entidad. Ante ese panorama, ¿cómo no creer que también tiene intereses y posiciones que cultivar y defender, en el gigantesco proceso electoral que ahora mismo se desarrolla en el territorio nacional?
En efecto, la Sección 22 del SNTE ha vivido un largo proceso de relativa paz, cuya autoría se han querido agenciar diversos actores y grupos políticos. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, la aparente relación civilizada y ordenada del Gobierno del Estado con el magisterio, fue parte de lo que el entonces gobernador Alejandro Murat quiso ofrecerle al país bajo el fantasioso esquema del “Modelo Oaxaca” de gobernabilidad, con el que se quiso presentar como aspirante presidencial.
En ese mismo tenor, quien fuera el director del Instituto Educativo en esa administración, Francisco Ángel Villarreal, también dejó ver que merecía ser candidato del PRI a Gobernador, a partir de su éxito en el manejo de la política educativa y el control que había tenido de la Sección 22 como Director del IEEPO. Uno y otro intentaron agenciarse un logro ajeno: éste sólo le pertenece al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su determinación de no dejar piedra sobre piedra de la reforma educativa, y de devolverle todo el poder al gremio magisterial para conducir la educación, y la administración de la educación en todo el país.
Desde el día 1 de su gobierno, AMLO impulsó la abrogación de la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Al conseguirlo, gracias a la amplia mayoría legislativa con la que contó en los primeros tres años de su gobierno, López Obrador declaró cancelados temas tan sensibles para los maestros del país —y particularmente para los del sureste mexicano— como la evaluación docente, el servicio profesional de carrera en los trabajadores de la educación, y revivió el cogobierno Sindicato-Estado en la relaciones laborales y administrativas de los trabajadores de la educación.
A la par de ello resurgió el amplio poder del ala moderada magisterial del centro y norte del país con Elba Esther Gordillo a la cabeza. Y al sur-sureste mexicano le regaló posiciones, control, recursos —les devolvió la hegemonía del manejo presupuestal de la nómina educativa a través del FONE— y nuevos cotos de poder, que ni en sus mejores épocas habrían imaginado. En el Congreso federal les regaló —entre Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán— más de 40 posiciones legislativas. Muchas de ellas perviven hasta nuestros días.
En ese escenario, ¿cómo no pensar entonces que la Sección 22 sí está jugando amplios intereses en este proceso electoral, que toca los tres órdenes de gobierno? No los veremos haciendo activismo, pero sí movilizándose. Ya comenzaron a hacerlo, y no dejarán de hacer sentir su presencia, siempre a su modo: en las calles, en los plantones y en las mesas de negociación. Hoy es algo nebuloso entender qué exigen o por qué se movilizan. En realidad lo hacen para que todos —gobierno, sociedad, grupos políticos, etcétera— recordemos que siempre están ahí, y que ellos son un factor determinante para la gobernabilidad de Oaxaca y del sureste del país. Nada más.
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