Una semana después del desplazamiento de comunidades indígenas por los ataques armados de grupos del crimen organizado, varias comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez (Guerrero), sur de México, lucen este martes abandonadas por el temor de sus habitantes a una nueva ola de violencia a su regreso.
En el poblado nahua de Tula, donde comenzaron los ataques a comienzos de mayo, el panorama es desolador, hay decenas de viviendas quemadas, otras abandonadas y animales muertos por los artefactos explosivos que llegaron desde el aire mediante drones, lo que tomó por sorpresa a los habitantes.
«Aquí andamos como perros callejeros, como si no tuviéramos casa”, relata a EFE Anastasia, habitante de Xicotlán, refugiada en Alcozacán desde el 9 de mayo, al recordar que cuando comenzaron los ataques estaban haciendo tortillas en la tranquilidad de su casa y de repente su vida cambió.
Con evidente tristeza por su patrimonio perdido, que incluye a sus animales, expresó que aunque el gobierno federal les dijo que los apoyarán a reconstruir su casa ella no quiere regresar, aunque su esposo sí.
El Gobierno de México ha habilitado mesas de diálogo entre comisarios ejidales (representantes comunitarios agrícolas) y funcionarios federales y del estado de Guerrero (sur) para «construir condiciones duraderas de paz y convivencia» ante la reciente oleada de violencia en la región atribuida a grupos criminales que afectó a comunidades de Chilapa.
A instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que remarcó la necesidad de tener una presencia federal permanente, las autoridades han desplazado a la zona cerca de un millar de efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano.
La violencia en Chilapa y otras comunidades de la montaña de Guerrero ha provocado denuncias de desplazamientos, bloqueos y comunidades aisladas, una crisis que el gobierno mexicano atribuyó a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.
El conflicto no es nuevo y miembros del Concejo Indígena Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) han denunciado ataques constantes a lo largo de 10 años atribuidos al grupo criminal Los Ardillos que, de acuerdo con sus cifras, han dejado 76 integrantes asesinados y 25 más desaparecidos.
Al comenzar el mes el problema escaló y ha dejado a pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán desplazados.
La región de Chilapa, con cerca de 120.000 habitantes y mayoría de comunidades indígenas nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de violencia y desplazamientos, además de denuncias de ataques contra policías comunitarias.
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