En la franja costera del oriente de Yucatán, entre El Cuyo y Las Coloradas, se ha generado preocupación por un esquema de control de acceso impulsado por un comité comunitario, sin reglas claras ni coordinación con autoridades municipales.
Bajo el argumento de proteger al flamenco rosado en temporada de anidación, el grupo implementó un sistema de “acceso controlado” que, en la práctica, regula el tránsito e incluso podría implicar cobros, aunque no existe información pública sobre tarifas, mecanismos ni destino de los recursos.
La situación ha encendido alertas por la falta de transparencia, especialmente al tratarse de una zona federal, donde deberían intervenir instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La alcaldesa de Río Lagartos, Yeseña Osiris Loría Marfil, reconoció que no fue informada ni convocada para la toma de decisiones, pese a tratarse de su jurisdicción.
“No me avisaron… desconozco por qué lo están haciendo”, señaló, al tiempo que indicó haber solicitado información a la Conanp sin obtener respuesta clara.
El comité ha planteado la obligatoriedad de guías certificados y justifica los posibles cobros como apoyo a la economía local; sin embargo, el esquema opera sin supervisión visible ni rendición de cuentas.
Además, se cuestiona si la narrativa ambiental está siendo utilizada para legitimar un control territorial, ya que el camino en cuestión presenta condiciones que de por sí limitan el flujo turístico.
Este escenario refleja un vacío institucional derivado de la falta de coordinación entre niveles de gobierno, lo que ha permitido que grupos organizados asuman funciones en zonas federales sin regulación formal.
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