Entre curules vacías, legisladores atentos a sus teléfonos, diputados que grababan videos o se tomaban fotografías durante la sesión y un acordeón que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, llevó a tribuna para criticar la elección judicial de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial.
El dictamen fue avalado con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contra votaron el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que la segunda elección de jueces, magistrados y otros cargos judiciales se realice el primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año.
El proyecto también busca reducir el número de candidaturas por cargo, simplificar las boletas, homologar criterios de evaluación y establecer capacitación obligatoria para personas juzgadoras. Con ello, Morena y sus aliados buscan ajustar el modelo de elección popular aprobado en 2024 y aplicado por primera vez en 2025.
Durante la discusión, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar defendió que la reforma mantiene la elección por voto popular, pero corrige problemas detectados en el primer proceso. Dijo que ahora se elegirán 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ramírez Cuéllar sostuvo que había una exigencia de distintos sectores, incluidos organismos electorales, para aplazar la elección judicial y reducir el número de candidaturas. Según el diputado de Morena, casi 60% de los puestos a elegir tendrán menos aspirantes, por lo que quedarían dos candidaturas por cada cargo.
La oposición acusó que la reforma confirma que el modelo aprobado por Morena y sus aliados fue mal diseñado, pero no corrige el problema de fondo, porque mantiene la elección popular de jueces y magistrados.
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