La Cámara de Diputados emitió este martes la declaratoria de constitucionalidad del Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que 19 congresos locales avalaron la minuta. Tras ello, la Mesa Directiva instruyó remitir el proyecto al Senado para sus efectos constitucionales.
Durante la sesión, se informó del respaldo de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. El dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 8 de abril, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, y después fue enviado a los congresos estatales.
El llamado Plan B llegó a su tramo final con una versión recortada frente a la propuesta original de Sheinbaum. Pese a ello, la mandataria aseguró que la esencia de la reforma fue aprobada y afirmó que esta forma parte de una estrategia para eliminar privilegios y dirigir el gasto público a la ciudadanía.
¿Qué contempla el Plan B electoral?
Entre las modificaciones que quedaron fuera está la intención de adelantar la revocación de mandato y empatarla con la elección intermedia de 2027, un punto que el Partido del Trabajo (PT) logró retirar en el Senado.
En el artículo 115, la reforma establece que cada ayuntamiento estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. Además, ordena que esa integración se rija por principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Para los congresos locales, el artículo 116 fija que su presupuesto anual no podrá exceder 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad. También obliga a que su integración y funcionamiento respeten los principios de paridad e igualdad sustantiva.
En el caso de las autoridades electorales, el artículo 134 dispone que consejeros y magistrados electorales, así como titulares de áreas administrativas y técnicas del INE y de los organismos locales, no podrán ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal. También les prohíbe contratar con recursos públicos seguros médicos privados, seguros de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro no previstos en la ley.
La reforma también incluye un transitorio para que el presupuesto del Senado se reduzca de manera progresiva durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar un recorte acumulado de 15 % en términos reales respecto a 2026. Además, señala que los ahorros derivados de los cambios en ayuntamientos y congresos locales deberán destinarse a infraestructura pública en estados y municipios.
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