La Fiscalía General de la República (FGR) defendió este lunes el manejo forense de un predio vinculado a desapariciones en el estado de Jalisco, tras permitir la visita de colectivos de búsqueda en medio de crecientes presiones para ampliar el acceso, en uno de los casos recientes más visibles de la crisis de desapariciones en el país, que supera los 133,000 casos.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, dijo en un mensaje a medios que integrantes de estos colectivos acudieron el 10 de abril al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, con autorización judicial y bajo supervisión oficial.
“Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”, indicó Lara.
El rancho, -descrito por la Fiscalía como un “campo de adiestramiento, operado por una organización criminal”- es investigado por autoridades federales desde marzo de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la operación del lugar por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el sitio se localizaron cientos de prendas de vestir y objetos personales, de acuerdo con colectivos de búsqueda, que podrían estar vinculados a personas desaparecidas y continúan bajo análisis forense.
La Fiscalía señaló que los indicios son procesados por el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), mientras peritos trabajan en el lugar de forma continua desde el inicio de las investigaciones.
El colectivo Guerreros Buscadores denunció en marzo que, a un año del hallazgo del predio, continúan localizando restos humanos y prendas en sus inmediaciones.
El 8 de marzo de 2025, el mismo colectivo reportó haber identificado un presunto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en el lugar unos 1,800 indicios, entre zapatos, ropa y objetos personales.
Posteriormente, el Gobierno indicó que el sitio habría sido utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.
El caso se enmarca en la crisis de desapariciones en México, donde grupos criminales han sido señalados por el uso de predios para actividades ilícitas.
México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.
El caso también cobró relevancia internacional al atraer la atención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), que recientemente llevó la situación de México ante la Asamblea General.
La acción generó el rechazo del Gobierno, que calificó como “sesgada” la postura del organismo, que por su parte, advirtió indicios de prácticas “sistemáticas” de desaparición forzada en el país.
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