El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó como “desacato político” la decisión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de no asistir a la Cámara Alta para explicar un operativo en el que participaron agentes estadounidenses en su entidad. El senador fue enfático en diferenciar esta falta de un delito o de una sanción judicial.
Según explicó Mier Velazco en una entrevista para Radio Fórmula, el desacato político no tiene implicaciones jurídicas ni penales. Se trata, en sus palabras, de “simplemente no respetar la división de poderes y el marco jurídico que establece la Constitución”. Es decir, es una falta de cumplimiento a un requerimiento del Poder Legislativo, pero no un crimen que pueda llevar a la cárcel.
El senador de Morena fue claro al distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad judicial. Mientras que un delito se persigue ante tribunales y puede derivar en penas de prisión o multas, el desacato político se limita al ámbito del respeto entre poderes del Estado.
Mier Velazco explicó que el Senado tiene facultades constitucionales para citar a cualquier funcionario público, incluyendo gobernadores, con base en el artículo 76 de la Constitución. Este artículo no distingue entre tipos de funcionarios, por lo que la gobernadora de Chihuahua, al ser una funcionaria pública, estaba obligada a atender el llamado.
La calificación de “desacato” aplica porque, según el legislador, la ausencia de Maru Campos representa una violación al principio de división de poderes. El control legislativo, explicó, es una herramienta fundamental para equilibrar las decisiones del Ejecutivo, así como el Poder Judicial ejerce el control constitucional.
Ignacio Mier detalló dos argumentos constitucionales para sostener que la gobernadora de Chihuahua actuó fuera del marco legal. El primero se basa en el artículo 89 constitucional, que establece que la conducción de las relaciones exteriores es una facultad exclusiva e intransferible del Ejecutivo federal, no de los gobiernos estatales.
Para el coordinador de Morena, al permitir o realizar un operativo con agentes estadounidenses en territorio de Chihuahua sin la debida coordinación con la Federación, el gobierno estatal invadió una atribución federal. Esto, señaló, atenta contra la soberanía del país porque “entonces tendríamos 32 repúblicas”, es decir, cada estado actuaría como si fuera una nación independiente en materia de seguridad internacional.
El segundo argumento se relaciona con el artículo 76 constitucional, que otorga al Senado la facultad de citar a cualquier funcionario público. Mier Velazco explicó que esta disposición no hace excepción para gobernadores, por lo que Maru Campos, como funcionaria pública, estaba obligada a comparecer. Al no hacerlo, incurrió en desacato político.
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