Jubilados mexicanos de la extinta empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se manifestaron este miércoles para exigir la devolución de los recortes aplicados a sus pensiones desde abril, tras una reforma impulsada por el Gobierno para limitar las llamadas \»pensiones doradas\» y eliminar lo que considera privilegios heredados de gobiernos anteriores.
La reforma, promovida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, fijó en la mitad del salario presidencial el monto máximo que pueden recibir ciertos exempleados de entidades públicas, equivalente a unos 67.000 pesos (3.800 dólares) mensuales.
Un criterio adoptado posteriormente permitió duplicar el tope hasta aproximadamente 134.000 pesos (unos 7.700 dólares), pero los jubilados de LyFC aseguran que aún no les han devuelto las cantidades descontadas.
Maximino López, presidente de la Asociación de Jubilados de LyFC, afirmó que las autoridades reconocieron el adeudo, pero atribuyeron el retraso a la falta de recursos de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda.
\»No estamos solicitando un privilegio (…) Estamos exigiendo que se cumpla un compromiso que las propias autoridades reconocieron y anunciaron\», expuso durante un mitin.
Alrededor de 300 manifestantes se concentraron frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo encargado de administrar y pagar las pensiones que quedaron pendientes de Luz y Fuerza, extinta desde 2009.
A la protesta se sumaron jubilados de otras empresas públicas, convocados por la Alianza Nacional de Jubilados, que reúne a retirados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la banca de desarrollo (Banobras) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), entre otras instituciones.
Antonio Vega, vocero de la Alianza, explicó a EFE que aunque acudieron en apoyo a los extrabajadores de LyFC, preparan nuevas movilizaciones y buscan promover cambios al artículo 127 de la Constitución.
Según Vega, la reforma a ese artículo vulnera derechos previamente reconocidos y contradice el principio constitucional de progresividad, que impide reducir la protección de los derechos adquiridos.
Asimismo, rechazó que los afectados reciban de manera generalizada las llamadas \»pensiones doradas\» y pidió al Gobierno revisar cada caso, en lugar de aplicar un recorte general, pues muchos de ellos dependen de esa pensión para subsistir.
\»Hay compañeros de 90 años que ya dependen de un enfermero, que ya dependen de una condición diferente\», indicó.
Agregó que jubilados de Pemex, CFE, LyFC, Cenace y la banca de desarrollo ya se coordinan nacionalmente, aunque cada grupo mantiene negociaciones distintas.
Raúl Villegas, jubilado de Banobras, criticó que el Gobierno presente como \»pensiones doradas\» los ingresos de todos los afectados, pese a las diferencias entre los montos que recibe cada uno.
\»No todos ganamos las millonadas. Muchos tienen esa idea de que somos privilegiados, pero no es cierto. Es la pensión que en su momento estaba en la ley y no nos la pueden quitar así\», sostuvo.
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