El Gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó su estrategia para exigir justicia por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, al presentar denuncias penales y solicitar la apertura de investigaciones formales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que fueron interpuestas 20 denuncias penales, de las cuales ocho se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condados en distintos estados de la Unión Americana donde ocurrieron los fallecimientos, entre ellos Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) remitió un expediente al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar que se investiguen los 17 casos y se informe el avance de cada uno de ellos.
Como parte de la ofensiva diplomática, la Cancillería también solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que analice si las muertes de los connacionales representan posibles violaciones a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La decisión de recurrir a instancias judiciales surgió después de que el Gobierno mexicano considerara insuficientes las gestiones diplomáticas realizadas previamente con Washington. El caso que marcó este cambio fue la muerte del trabajador migrante Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció durante un operativo del ICE en Houston, Texas.
Mientras tanto, la red consular de México continúa brindando apoyo a las familias de las víctimas mediante asesoría jurídica, acompañamiento en los procesos legales y gestiones para la repatriación de los restos.
En paralelo, 40 senadores estadounidenses solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisar los protocolos de actuación del ICE, proponiendo medidas como el uso obligatorio de cámaras corporales, identificaciones visibles para los agentes, mayor supervisión y cambios en los protocolos sobre uso de la fuerza, tras varios casos que han generado preocupación por la actuación de la agencia migratoria.
JCSC
