Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de septiembre de 2026.- La disputa por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) llegó a los productores artesanales y ancestrales de agave y mezcal quienes levantaron la voz y advirtieron que no permitirán que el pequeño productor termine pagando la misma carga fiscal que los grandes consorcios industriales.
Desde Oaxaca, el corazón de una de las principales regiones mezcaleras del país, el sector lanzó un posicionamiento que busca llevar la discusión hasta el ámbito federal y colocar en la agenda pública una exigencia que consideran impostergable: una política fiscal diferenciada que reconozca las condiciones reales de quienes producen mezcal a pequeña escala y bajo métodos artesanales y ancestrales.
La advertencia es directa: no están en contra de contribuir ni de la recaudación, pero sí de un esquema que, desde su perspectiva, castiga por igual a quienes tienen capacidades económicas, escalas productivas y modelos de negocio completamente distintos. “El IEPS no puede seguir tratándonos a todos por igual cuando no todos somos iguales”, sentenciaron.
La confrontación no es menor. Detrás del debate tributario se encuentra una cadena económica que comienza mucho antes de que una botella llegue al consumidor: campesinos que cultivan agave, familias que trabajan la tierra, jornaleros, maestros mezcaleros, transportistas, proveedores y pequeñas unidades económicas que dependen directamente de esta actividad.
Para los productores, gravar bajo los mismos criterios a una pequeña unidad familiar y a una empresa de gran escala significa desconocer esa realidad.
“El campo también es México”
Los mezcaleros endurecieron además el discurso contra los grandes grupos empresariales y cuestionaron que corporativos de otras ramas de la industria puedan hablar en nombre de los pequeños productores de bebidas alcohólicas.
Su reclamo es que no se utilice la voz de las familias productoras para defender intereses de empresas cuya escala de producción, capacidad financiera y cadenas de abastecimiento son radicalmente distintas.
“No pretendan hablar en nombre de los pequeños productores de bebidas”, plantearon al sector empresarial.
En su posicionamiento, colocaron una pregunta que pretenden convertir en parte central de la discusión nacional: ¿cuánto de las materias primas que utilizan los grandes consorcios proviene realmente de pequeños productores agrícolas mexicanos y cuánto valor económico queda directamente en las comunidades rurales?
La interrogante refleja el fondo de la disputa: quién genera valor en el territorio y quién tiene capacidad para absorber una mayor carga tributaria.
Los productores sostienen que el mezcal artesanal no puede ser visto únicamente como un producto comercial. En las comunidades, aseguran, representa una actividad agrícola, económica y cultural que articula a numerosas familias y preserva conocimientos transmitidos durante generaciones.
No quieren privilegios; quieren pagar de acuerdo con su realidad
La demanda del sector está definida: crear una categoría fiscal verdaderamente diferenciada para los productos artesanales y ancestrales.
Los productores exigen que, antes de modificar el IEPS, se consideren elementos como:
- La escala real de producción.
- El origen agrícola del agave.
- Los procesos artesanales y ancestrales.
- Los costos de producción.
- El empleo generado en las comunidades rurales.
- El impacto económico directo en los territorios productores.
- Las diferencias entre una unidad productiva familiar y un gran consorcio industrial.
“No pedimos privilegios. Pedimos justicia fiscal”, sostienen. El argumento central es que una política tributaria que ignore esas diferencias podría terminar trasladando una presión desproporcionada a quienes tienen menor capacidad económica.
Y ahí radica uno de los mayores temores del sector: que una mayor presión fiscal termine repercutiendo sobre el productor de agave y mezcal que se encuentra en el último eslabón de la cadena y no sobre quienes concentran mayores volúmenes y capacidad de mercado.
13 estados y una misma inconformidad
Los productores aseguran que de no obtener una respuesta 13 entidades vinculadas con las Denominaciones de Origen, donde el agave forma parte de la actividad agrícola y de la identidad de numerosas poblaciones, van a realizar acciones de protesta. Advierten: si no los escuchan, crecerá la movilización
Por ello, demandan que cualquier discusión sobre modificaciones al IEPS incorpore directamente a los productores y no se limite a negociaciones entre autoridades y grandes representantes empresariales.
La exigencia es que quienes trabajan y producen en el territorio tengan voz y voto en las decisiones que pueden determinar la viabilidad económica de sus actividades.
Los productores aseguran que esta posición no constituye una protesta aislada, sino el punto de partida de una organización nacional para defender al sector artesanal y ancestral.
Advirtieron que agotarán las vías institucionales, sociales y públicas para ser escuchados, pero también dejaron claro que, si las autoridades mantienen o impulsan medidas fiscales que consideren lesivas para el sector, intensificarán las acciones de protesta y movilización.
El mensaje busca llegar directamente al Gobierno federal y al Poder Legislativo: las decisiones fiscales que impacten al mezcal artesanal no podrán tomarse, sostienen, sin escuchar a quienes producen desde las comunidades.
“No permitiremos que las decisiones que afectan nuestra supervivencia económica sean tomadas sin nosotros”, advirtieron.
La batalla va más allá de una botella
El conflicto por el IEPS coloca sobre la mesa una discusión que rebasa el precio final del mezcal. Para los productores, está en juego la permanencia de una actividad que sostiene economías familiares, genera empleo rural y conserva procesos productivos transmitidos entre generaciones.
Sí a la recaudación. Sí a una reforma fiscal. Sí a contribuir al desarrollo de México, pero con una condición que hoy se convierte en bandera nacional: “No al mismo IEPS para realidades distintas”. Y advierten que, si no hay respuesta, la inconformidad dejará de ser un posicionamiento y comenzará a convertirse en un movimiento nacional.
Productores artesanales y ancestrales de agave y mezcal, aseguran que la aplicación de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no distingue entre las condiciones económicas y productivas de las pequeñas unidades familiares y las grandes empresas que participan en el mercado de bebidas alcohólicas.
Desde Oaxaca, uno de los principales territorios vinculados a la producción de mezcal, el sector advirtió que no busca evadir sus obligaciones fiscales, ni dejar de contribuir al desarrollo del país, sino que reclama una política tributaria que reconozca las profundas diferencias existentes dentro de la cadena productiva.
“El IEPS no puede seguir tratándonos a todos por igual cuando no todos somos iguales”, señalaron los productores, al plantear como principal demanda la creación de una categoría fiscal específica para las bebidas artesanales y ancestrales.
El planteamiento coloca nuevamente en el centro del debate la situación de miles de familias cuya actividad económica depende del cultivo y aprovechamiento del agave, así como de una cadena que involucra a productores agrícolas, maestros mezcaleros, jornaleros, transportistas, proveedores y pequeñas unidades económicas asentadas principalmente en comunidades rurales.
El campo, en el centro de la disputa fiscal
Los productores sostienen que el mezcal artesanal no puede analizarse únicamente como una bebida comercial, debido a que detrás de cada botella existe una cadena productiva vinculada directamente con el territorio.
Las familias mezcaleras, argumentan que el agave representa empleo, patrimonio, conocimiento comunitario y una fuente de ingresos que se transmite entre generaciones.
Por ello, consideran que cualquier modificación al IEPS debe tomar en cuenta factores que actualmente, desde su perspectiva, no reciben un reconocimiento suficiente, como la escala de producción, el origen agrícola de las materias primas, los métodos artesanales y ancestrales, los costos de producción, la generación de empleos rurales y el impacto económico que permanece en las comunidades.
La exigencia central es que el Congreso de la Unión y las autoridades hacendarias impulsen una reforma fiscal diferenciada que permita establecer condiciones distintas para los pequeños productores frente a los grandes grupos industriales.
“No pedimos privilegios. Pedimos justicia fiscal”, es la definición con la que sintetizaron su posición.
Cuestionan que grandes empresas hablen por pequeños productores
En su pronunciamiento, los productores también dirigieron un llamado al sector cervecero y a los grandes grupos empresariales para que no presenten como equivalentes modelos productivos que, aseguran, operan bajo escalas, esquemas de abastecimiento y estructuras económicas diferentes.
Los mezcaleros cuestionaron particularmente que intereses empresariales de gran escala puedan utilizar la voz de los pequeños productores para defender posiciones frente a una eventual modificación del IEPS.
El planteamiento abre una disputa más amplia sobre quién debe asumir una mayor carga fiscal dentro del mercado de bebidas alcohólicas y cómo debe diferenciarse a los productores de acuerdo con su capacidad económica y estructura productiva.
Los productores artesanales cuestionaron, además, cuánto de las materias primas utilizadas por los grandes consorcios proviene directamente de pequeños agricultores mexicanos y cuánto valor económico permanece en las comunidades rurales.
Movimiento nacional
El pronunciamiento no se limita a Oaxaca. Los productores representan a comunidades vinculadas con las 13 entidades federativas relacionadas con las Denominaciones de Origen, y sostienen que existe una realidad productiva nacional que debe ser incorporada a la discusión fiscal.
Advirtieron que la actividad mezcalera no constituye una industria homogénea y que detrás del crecimiento del mercado existen miles de pequeños productores y familias que mantienen métodos de elaboración transmitidos durante generaciones.
Por ello, exigieron que cualquier modificación al régimen fiscal sea discutida con la participación directa de quienes producen agave y mezcal en los territorios de origen.
El sector también lanzó una advertencia: si sus demandas no son atendidas por las autoridades, buscarán ampliar la organización y aumentar las acciones públicas de protesta y movilización.
La intención, señalaron, es llevar la discusión por las vías institucionales, sociales y públicas que correspondan hasta conseguir que las condiciones de los pequeños productores sean consideradas en la política fiscal.
“Sí a contribuir, no a pagar lo mismo”
Los productores dejaron claro que su postura no plantea eliminar la recaudación ni rechazar una reforma al IEPS.
Su demanda es que el sistema fiscal contemple la diferencia entre una empresa industrial de gran escala y una unidad productiva familiar que depende directamente del campo.
La definición del sector es contundente: sí a una reforma del IEPS, sí a una política fiscal responsable y sí a la recaudación, pero no a un esquema que imponga la misma carga a realidades productivas distintas.
Finamente los productores artesanales y ancestrales de agave y mezcal buscan colocar en la agenda nacional una discusión que trasciende el precio de una botella: el futuro económico de las comunidades rurales, la permanencia de los sistemas tradicionales de producción y el reconocimiento fiscal de una actividad estrechamente ligada al territorio y al patrimonio cultural de México.
Por: Luz Palacios