La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja junto con la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una serie de reformas para mejorar el manejo de los recursos, prevenir irregularidades y fortalecer la aplicación de sanciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las propuestas todavía se encuentran en elaboración. Una vez alcanzados los acuerdos, cada institución presentará las modificaciones que le correspondan.
El anuncio se dio luego de que Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informara que durante los primeros dos años de la administración se evitó el gasto indebido de casi 84 mil millones de pesos mediante la revisión anticipada de compras, contratos, obras y estructuras gubernamentales.
De esa cantidad, 29 mil millones de pesos corresponden a nuevas estrategias de contratación. El diálogo con proveedores, la apertura de la competencia y la corrección de requisitos técnicos permitieron obtener mejores condiciones y evitar licitaciones hechas a la medida.
Otros 42 mil millones se protegieron mediante el seguimiento de contratos, principalmente de obra, donde suelen presentarse ajustes, conceptos adicionales o aumentos de costos. La reorganización de las áreas gubernamentales representó 7 mil 800 millones, mientras que el cobro de multas y el cumplimiento de sanciones sumaron 4 mil 800 millones.
Buenrostro sostuvo que el mejor resultado no consiste solamente en castigar, sino en actuar antes de que ocurra el daño. Cuando se recibe una denuncia o se detecta una posible anomalía, puede detenerse el pago, revisar el procedimiento y aplicar medidas cautelares. Si existen elementos suficientes, el servidor involucrado es separado del área y la contratación se repone.
Sheinbaum destacó que este modelo ha permitido frenar sobrecostos en la adquisición de productos, servicios y obras. Cuando la falta ya fue cometida, el expediente se remite al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si los hechos pueden constituir un delito, se presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Compras abiertas a pequeños productores
La nueva política de adquisiciones también busca facilitar la participación de cooperativas, familias productoras y pequeñas empresas que anteriormente enfrentaban dificultades para venderle al gobierno.
En el sector cafetalero se incorporó a cerca de 5 mil familias de Chiapas, Puebla y Oaxaca. Actualmente, diez cooperativas comercializan sus productos con instituciones federales y existe un acuerdo marco en el que participan 66 organismos.
En los servicios de limpieza se conformaron cinco cooperativas integradas por más de 600 personas. Sus trabajadoras y trabajadores no sólo prestan el servicio, sino que son socios de las organizaciones.
También se abrieron procedimientos para empresas textiles dedicadas a la elaboración de uniformes y se instalaron mesas con la industria siderúrgica, a fin de ampliar el uso de acero nacional en proyectos de infraestructura.
Sanciones a funcionarios y proveedores
Durante este periodo fueron sancionados 4 mil 193 servidores públicos. Del total, 3 mil 528 incurrieron en faltas no graves y 665 en conductas graves.
Entre las principales causas se encuentran la autorización de pagos indebidos, la contratación de bienes o servicios que nunca fueron entregados, las compras injustificadas, la falsificación de documentos, el ocultamiento patrimonial, el hostigamiento y el acoso sexual.
También se procedió contra 286 particulares y empresas. De ellos, 222 quedaron inhabilitados y 64 recibieron multas. Las sanciones económicas alcanzaron los 147 millones de pesos.
Las irregularidades más frecuentes fueron el uso de documentación falsa, incumplimiento de obligaciones, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés entre compañías que aparentaban competir en una misma licitación.
La Secretaría presentó además 517 denuncias penales contra funcionarios. Hasta ahora, 53 personas han sido vinculadas a proceso por hechos relacionados con enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio.
Prevención desde las instituciones
Como parte de la estrategia, 1.3 millones de integrantes del Gobierno federal recibieron capacitación en ética e integridad. Además, más de 97 por ciento cumplió en tiempo con la presentación de su declaración patrimonial.
Las reformas que se preparan con la ASF y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa buscarán reforzar este modelo preventivo, mejorar la vigilancia del gasto y lograr que las investigaciones concluyan en resoluciones más eficaces.
La mandataria aclaró que el contenido definitivo se dará a conocer cuando termine el trabajo técnico entre las tres instituciones.
Graciela Bravata
