Tras señalamientos y tensiones al interior del Congreso de la Unión, los integrantes de la Cámara de Senadores aprobaron el punto de acuerdo impulsado por el senador Juan Carlos Loera, donde se invita de forma respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Maru Campos, y a César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para que informen sobre los hechos sucedidos el fin de semana pasado, donde fallecieron dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación de la entidad y dos funcionarios estadounidenses tras un accidente carretero.
Con la mayoría de las bancadas a favor, incluyendo Acción Nacional, el punto de acuerdo señala que la cita está programada para el próximo 28 de abril a las diez de la mañana en la sede del Senado, además de que solicita que antes de la reunión se envíe un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con funcionarios federales y cualquier acción realizada en términos del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
La única bancada que decidió votar en contra del punto de acuerdo fue Movimiento Ciudadano, luego de que su senador Luis Donaldo Colosio Riojas señalara desde horas antes que la rendición de cuentas debería realizarse ante el Congreso del Estado de Chihuahua, y no ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Cabe señalar que, durante la sesión, una de las senadoras de Acción Nacional solicitó un minuto de silencio en memoria de los agentes chihuahuenses Pedro Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez, así como por los dos funcionarios estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44 años.
El punto de acuerdo, que fue agregado tan sólo horas después de ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que la supuesta existencia de versiones contradictorias en torno a la presencia de los funcionarios estadounidenses en tierras mexicanas constituye un elemento que debilita la confianza pública en las instituciones encargadas de procurar justicia y seguridad, por lo que resultaba indispensable que el Senado facilitara espacios de rendición de cuentas que esclarezcan los hechos.
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