El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar a las empresas que realicen llamadas o envíen comunicaciones comerciales y publicitarias de manera reiterada y no autorizada.
La modificación a los artículos 18 Bis y 127 contempla multas que van de 56 mil 570 pesos hasta poco más de 2 millones 345 mil pesos para los proveedores que incumplan las disposiciones relacionadas con el uso de información de los consumidores con fines mercadotécnicos.
La iniciativa, presentada por la senadora del PAN Mayuli Martínez, establece que proveedores y empresas no podrán realizar llamadas telefónicas ni utilizar otros medios de comunicación no autorizados de forma reiterada y persistente para ofrecer productos, servicios o publicidad.
96 votos a favor. ✅️
El Senado aprobó mi iniciativa para frenar el acoso telefónico comercial.
Dijiste «no quiero publicidad» y aun así siguen llamando. Eso se acabó: se creará un Registro Público gratuito para inscribirte, y las empresas deberán consultarlo y respetarlo. https://t.co/pRPtmVve9N— Mayuli Martínez Simón (@MayuliMtzSimon) October 7, 2026
Durante la discusión, la legisladora sostuvo que la reforma busca reforzar la protección de la privacidad de los consumidores y evitar que tengan que rechazar constantemente llamadas o mensajes publicitarios que no solicitaron.
La nueva disposición se suma al marco legal vigente, que ya contempla restricciones para enviar publicidad a personas que hayan manifestado expresamente su negativa a recibirla o que se encuentren inscritas en el registro correspondiente.
Además, la reforma mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando las comunicaciones publicitarias sean realizadas o enviadas a través de terceros.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado y, en su caso, discutido y aprobado. Por ello, las nuevas sanciones todavía no entran en vigor y están sujetas a que concluya el proceso legislativo.
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