La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó este día en el centro de la agenda nacional uno de los debates más complejos de la política energética contemporánea: la posible explotación de gas natural en yacimientos no convencionales.
Desde Palacio Nacional, anunció la integración de un Comité de científicas, científicos y especialistas de alto nivel, con el encargo de evaluar la viabilidad técnica, ambiental, económica y social del fracturamiento hidráulico en México.
No es una autorización. Es el inicio de una definición de Estado.
El grupo —integrado por universidades públicas, centros de investigación y organismos técnicos— tendrá un primer posicionamiento en un plazo aproximado de dos meses. A partir de ese momento, el gobierno prevé abrir un proceso de consulta con comunidades, bajo el criterio de que la decisión no será exclusivamente técnica, sino también social.
El punto de partida: dependencia energética
México enfrenta una realidad estructural: consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural y depende del exterior para cubrir cerca del 70% de esa demanda.
Esta condición ha colocado al gas como un asunto de seguridad nacional.
La estrategia del gobierno federal apunta a revisar el potencial de las reservas no convencionales, ubicadas principalmente en el noreste y Golfo del país, en cuencas como Burgos, Sabinas–Burro–Picachos y Tampico–Misantla, que atraviesan entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
Ahí se encuentra una de las mayores oportunidades energéticas del país, pero también uno de sus dilemas más profundos.
Un giro bajo condiciones
La presidenta planteó que cualquier eventual desarrollo estará condicionado a la existencia de tecnologías que reduzcan impactos, particularmente en el uso de químicos y en la gestión del agua.
El planteamiento introduce un cambio de enfoque: no se trata de replicar modelos tradicionales, sino de evaluar si es posible avanzar bajo estándares distintos, con menor carga ambiental y mayor control técnico.
El comité deberá analizar de forma integral:
•impacto ambiental
•consumo y tratamiento de agua
•estabilidad del subsuelo
•viabilidad económica
•implicaciones sociales y territoriales
El agua como límite estructural
El factor hídrico se perfila como el eje determinante.
El fracturamiento hidráulico requiere millones de litros de agua por pozo. En regiones del norte del país, donde ya existe presión sobre los recursos hídricos, este elemento trasciende lo técnico y se convierte en un tema de equilibrio nacional.
El análisis no solo implica disponibilidad, sino calidad, tratamiento, reutilización y riesgos de contaminación de acuíferos.
En ese punto, el debate deja de ser exclusivamente energético y entra en el terreno constitucional: el derecho al agua frente al desarrollo industrial.
Lo que está en juego
El posible aprovechamiento de estos recursos podría traducirse en:
•reducción de la dependencia energética
•mayor estabilidad del sistema eléctrico
•impulso al crecimiento industrial
•atracción de inversión y desarrollo regional
Al mismo tiempo, implica riesgos que no son menores:
•presión sobre el agua en zonas vulnerables
•potencial afectación a acuíferos
•impactos ambientales acumulativos
•tensiones sociales en territorios estratégicos
Una definición de Estado en construcción
El proceso anunciado por el Ejecutivo no es menor. Define una ruta en la que México deberá decidir entre profundizar su autosuficiencia energética o contener su desarrollo frente a los límites ambientales.
El equilibrio no es técnico, es político, jurídico y social.
La decisión que emerja de este proceso no solo marcará el rumbo energético del país, sino también el alcance real de sus compromisos con el medio ambiente y con los derechos fundamentales.
Grace Bravata
