La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la construcción, ampliación y reconversión de planteles de educación media superior permitirá abrir 200 mil nuevos espacios para estudiantes, con la mayoría de las obras prevista para concluir en marzo de 2027.
Al cierre del informe de seguridad presentado en la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que ampliar el acceso a la educación forma parte de la atención a las causas de la violencia y permite ofrecer alternativas a jóvenes que buscan continuar o retomar sus estudios.
Detalló que entre 2025 y 2026 se desarrollan 401 nuevos bachilleratos, 80 ampliaciones de planteles existentes y cuatro reconversiones. La oferta comprende escuelas tecnológicas, preparatorias y el modelo de Bachillerato Nacional Margarita Maza.
Explicó que también se aprovecharán instalaciones de secundarias que actualmente no tienen turno vespertino para habilitar espacios de educación media superior.
Los planteles abrirán conforme terminen las obras. A partir de esa primera etapa, el gobierno buscará alcanzar 400 mil nuevos lugares en los próximos cuatro años, señaló.
Sheinbaum destacó que el modelo Margarita Maza permitirá regresar a las aulas a quienes dejaron inconclusa la preparatoria, incluidas personas mayores de 18 años, con acceso a la beca Benito Juárez.
“La educación es el mejor instrumento contra la violencia”, expresó al explicar que la estrategia de seguridad incluye oportunidades de formación, acompañamiento comunitario y programas dirigidos a las juventudes.
En educación superior, informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con 24 nuevos planteles entre los que ya están listos y los previstos para este año e inicios del próximo. Añadió que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tendrán una expansión de magnitud similar.
De acuerdo con la presidenta, estas acciones permitirán ofrecer alrededor de 100 mil nuevos espacios universitarios, acompañados de becas.
La mandataria presentó la ampliación educativa junto con el anuncio de seis nuevos centros penitenciarios. Explicó que ambas decisiones responden a necesidades distintas: abrir oportunidades para prevenir la violencia y atender la sobrepoblación en penales estatales, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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