La presidenta Claudia Sheinbaum dejó este lunes una postura clara frente al caso de Rubén Rocha Moya: no acompañó su decisión de volver al gobierno de Sinaloa, no fue consultada y tampoco existió comunicación con él durante este episodio.
Sheinbaum explicó que se enteró del regreso de Rocha por la publicación que hizo el propio gobernador y reconoció que esa decisión no le parecía pertinente.
El Gobierno Federal también marcó distancia. La Secretaría de Gobernación había señalado que se trató de una determinación personal de Rocha y la Presidenta confirmó que no habló con él, que no fue informada previamente y que tampoco intervino para que regresara o volviera a separarse del cargo.
La diferencia es importante.
Durante meses, Sheinbaum sostuvo que no podía juzgarse a Rocha sin pruebas y defendió que cualquier señalamiento debía acreditarse por las vías legales. Pero esa posición no significó respaldo político a todas sus decisiones.
Cuando Rocha decidió retomar la gubernatura, la Presidenta reprobó esa actuación y dejó ver que consideró imprudente intentar volver al poder en medio de la situación que enfrentaba.
Su mensaje del fin de semana terminó de marcar esa distancia: ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la nación; el poder sin principios se convierte en arrogancia y los cargos públicos son pasajeros.
Rocha finalmente volvió a solicitar licencia y desde este lunes el escenario político cambia por completo.
Ahora corresponde al Congreso de Sinaloa elegir a quien asumirá como gobernador o gobernadora interina y tendrá la responsabilidad de conducir el estado hasta el relevo constitucional.
Sheinbaum pidió que se trate de una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo de Sinaloa.
La prioridad será garantizar gobernabilidad, mantener la seguridad y generar condiciones para que las próximas elecciones se desarrollen en paz.
En materia de seguridad, la Presidenta subrayó que el Gobierno Federal mantiene una presencia importante en Sinaloa. Informó que actualmente hay alrededor de 15 mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de mil 500 efectivos de la Secretaría de Marina, principalmente desplegados en Mazatlán.
Sheinbaum explicó que las fuerzas federales permanecen atentas a la situación de violencia que enfrenta el estado y recordó que el incremento de homicidios comenzó a partir del conflicto interno de un grupo delictivo, tras el episodio relacionado con el traslado de un narcotraficante a Estados Unidos.
Pero la licencia de Rocha no cierra todos los frentes.
Si las autoridades de Estados Unidos deciden continuar con los requerimientos o procedimientos que existen en torno a su caso, Rocha tendrá que enfrentarlos por la vía correspondiente.
Y ahí está uno de los principales mensajes políticos de este episodio: el Gobierno Federal no asumirá como propias las decisiones personales de Rocha ni intervendrá para protegerlo de lo que jurídicamente pueda venir.
Sheinbaum sostuvo la presunción de inocencia cuando no había elementos suficientes para responsabilizarlo, pero también dejó claro que eso no significa impunidad ni respaldo político permanente.
Rocha ya está fuera del gobierno.
Ahora Sinaloa entra en una nueva etapa, el Congreso deberá definir a su gobernador interino y Rubén Rocha tendrá que enfrentar, por cuenta propia, cualquier procedimiento que avance en su contra.
Graciela Bravata
