Durante la discusión de la legislación electoral de Chihuahua, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció por garantizar que tanto las personas con discapacidad como integrantes de la diversidad sexual tengan representación en las candidaturas.
El planteamiento surgió a partir de una disposición que establecía una cuota conjunta del 2% de las regidurías para ambos grupos. La norma permitía cubrirla con candidaturas de cualquiera de los dos sectores, lo que, señaló Esquivel, podía dejar a uno de ellos sin representación.
La ministra planteó que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua implemente oportunamente las acciones afirmativas correspondientes y que el Congreso local legisle para garantizar la participación política de ambos grupos.
El asunto fue analizado por la SCJN dentro de la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026. La Corte determinó la invalidez del modelo de cuota conjunta y consideró que deben existir medidas diferenciadas para ambos sectores.
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Esquivel cuestiona sanciones por conductas durante elecciones
En otro punto del debate, Esquivel se apartó de la mayoría respecto de una disposición del artículo 268 de la legislación electoral de Chihuahua relacionada con sanciones por conductas vinculadas con actos de delincuencia.
La ministra sostuvo que acciones como violencia, intimidación, amenazas, presión o manipulación del electorado afectan la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones, por lo que consideró que podrían justificar la pérdida o cancelación del registro de una candidatura.
El Pleno, sin embargo, invalidó parte del régimen sancionador al considerar, entre otros aspectos, que algunas disposiciones establecían responsabilidad objetiva o sanciones sin la debida individualización.
(WCLS)